La Fiscalía General del Estado informó que ya fueron judicializadas dos carpetas de investigación en contra de un médico acusado del delito de violación equiparada, quien actualmente enfrenta su proceso en libertad bajo medidas cautelares, entre ellas el uso de un brazalete electrónico. De acuerdo con la autoridad, ambas carpetas derivaron en la vinculación a proceso del imputado; sin embargo, el juez determinó no imponer la prisión preventiva justificada, pese a que esta fue solicitada por el Ministerio Público. En su lugar, se establecieron restricciones como la prohibición de salir del país y de ejercer su profesión. La Fiscalía señaló que ya impugnó dicha resolución al considerar que existen elementos suficientes para que el acusado enfrente el proceso en reclusión. “Consideramos que existe un riesgo a la comunidad y que esta persona no debería permanecer en libertad”, precisó. Actualmente, el caso se encuentra en manos del Tribunal Superior de Justicia, que deberá resolver en segunda instancia si se modifican las medidas cautelares y se ordena la prisión preventiva. En cuanto al perfil de las víctimas, la autoridad detalló que se trata de hombres de edad avanzada, incluso uno de ellos mayor de 80 años, quienes eran pacientes del médico y requerían atención especializada en el área neurológica. Debido a la naturaleza del delito y la protección de las víctimas, no se brindaron mayores detalles sobre el número total de denuncias. El delito de violación equiparada en México se configura cuando existe abuso sexual en condiciones en las que la víctima no puede resistir o consentir el acto, como en casos de vulnerabilidad física, mental o por relación de confianza, como la médico-paciente. En este caso, la investigación apunta a un presunto abuso de dicha relación, particularmente por tratarse de personas adultas mayores con necesidades médicas específicas. Este tipo de casos ha generado creciente atención pública debido a la vulnerabilidad de las víctimas y al debate sobre la pertinencia de las medidas cautelares en delitos de carácter sexual, donde colectivos y especialistas han insistido en privilegiar la protección de las víctimas y la prevención de riesgos a terceros. La resolución que emita el Tribunal será clave para definir el curso del proceso penal y sentar un precedente sobre la aplicación de medidas cautelares en este tipo de delitos en la entidad.