Una investigación de Ciudadanos Observando reveló que durante junio diez dependencias, organismos y poderes de San Luis Potosí recibieron en conjunto 343 millones 273 mil 577 pesos para el pago de sueldos, de acuerdo con los egresos publicados por la Secretaría de Finanzas en la Plataforma Estatal de Transparencia. Sin embargo, al comparar esos montos con la información que algunas instituciones reportan por su cuenta, aparecen diferencias que ponen en duda la claridad de los datos.

La lista la encabeza la Fiscalía General del Estado, con 108.4 millones de pesos destinados a nómina, seguida por el Poder Judicial, con 96 millones. Entre ambas instituciones concentraron más de 204 millones de pesos, es decir, casi el 60 por ciento del total entregado a las diez dependencias con los mayores recursos para sueldos. Les siguen el Colegio de Bachilleres, el Congreso del Estado, el Instituto de Fiscalización Superior, el DIF Estatal, el Centro Estatal Tangamanga, el CECyTE, la Junta Estatal de Caminos y el CEEPAC.

De acuerdo con la organización, al revisar la información publicada por algunos organismos, como el Congreso del Estado y el Instituto de Fiscalización Superior, las cifras reportadas sobre gastos de nómina o remuneraciones no coinciden con los recursos que la Secretaría de Finanzas señala haberles transferido para ese mismo concepto. Esto, aseguran, genera dudas sobre cuál de los datos es el correcto.

Ciudadanos Observando recordó que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado obliga a las instituciones a informar no solo los sueldos, sino también prestaciones, bonos, compensaciones, gratificaciones y cualquier otro ingreso que reciban los servidores públicos, con información clara y comprensible para cualquier ciudadano.

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Ante estas diferencias, la organización cuestionó si las instituciones están reportando la totalidad de los recursos destinados al pago de personal o solo una parte de ellos. Señaló que, tratándose de más de 343 millones de pesos de recursos públicos ejercidos en un solo mes, las autoridades deben aclarar las discrepancias para garantizar una rendición de cuentas transparente.