SAN LUIS POTOSÍ.— Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia del Gobierno del Estado de San Luis Potosí en “A(mex)” con Perspectiva Estable, al confirmar que la entidad mantiene capacidad para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras. La evaluación representa un respaldo al manejo de los recursos públicos durante la Administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su gestión técnica con la Secretaría de Finanzas, responsable de mantener el equilibrio entre ingresos, gasto, deuda e inversión pública. De acuerdo con la calificadora internacional, San Luis Potosí mantendrá un balance operativo promedio de 5 mil 664 millones de pesos, equivalente a aproximadamente el 9 por ciento de sus ingresos operativos. Fitch proyectó además una razón de repago de 1.9 veces, considerablemente inferior al límite de cinco veces establecido dentro de su metodología, así como una carga de deuda menor al 50 por ciento de los ingresos operativos. En términos financieros, estos indicadores muestran que el Estado conserva margen suficiente para atender sus compromisos de deuda con los recursos disponibles después de cubrir su operación ordinaria. La agencia prevé que la razón de repago se mantendrá por debajo de cinco veces entre 2026 y 2030, mientras que la cobertura financiera mostraría una recuperación gradual una vez atendidos los compromisos programados para 2027. Al cierre de marzo de 2026, los ingresos totales del Estado ascendieron a 20 mil 168.7 millones de pesos, equivalentes a un cumplimiento de 108.5 por ciento respecto de lo programado y a un crecimiento anual de 8.1 por ciento. El desempeño responde tanto al comportamiento de los recursos federales como al fortalecimiento de la recaudación estatal, la fiscalización y las medidas de simplificación implementadas por el gobierno del gobernador Ricardo Gallardo. La ratificación adquiere mayor relevancia porque el equilibrio financiero se ha mantenido mientras la Administración estatal desarrolla un programa amplio de infraestructura en las cuatro regiones de San Luis Potosí. Durante el actual sexenio se han destinado recursos a carreteras, puentes, vialidades, escuelas, espacios públicos, transporte y proyectos estratégicos. De acuerdo con cifras difundidas por el Gobierno estatal, la inversión acumulada en infraestructura supera los 27 mil 600 millones de pesos. La combinación resulta significativa: mantener controlada la deuda y conservar balances operativos positivos mientras se ejecuta obra pública implica una administración más compleja que mejorar indicadores únicamente mediante la reducción del gasto o la suspensión de proyectos. El resultado permite reconocer dos componentes de la gestión financiera estatal: disciplina en el manejo presupuestario y capacidad para convertir los recursos disponibles en infraestructura y servicios para la población. El Gobernador Ricardo Gallardo afirmó que la evaluación internacional respalda el manejo responsable de los recursos y permite continuar atendiendo las prioridades de las familias potosinas. “Las finanzas sanas nos permiten seguir construyendo carreteras, puentes, escuelas y espacios públicos”, señaló el Mandatario. La calificación también constituye una señal favorable para inversionistas, bancos y sectores productivos, pues acredita que el Estado conserva estabilidad presupuestaria y capacidad para responder por sus compromisos financieros. Fitch mantiene bajo observación algunos retos, particularmente las presiones de liquidez, los pasivos con proveedores y contratistas y el uso de financiamientos de corto plazo. También advierte la dependencia de las transferencias federales y la limitada flexibilidad estatal para generar nuevos ingresos. Estas observaciones obligarán al Gobierno estatal y a la Secretaría de Finanzas a mantener la prudencia de los años pasados en el gasto, seguir fortaleciendo los ingresos propios y administrar cuidadosamente los compromisos financieros antes del cierre de la Administración para mantener la calificación estable. La evaluación de fondo es favorable: San Luis Potosí mantiene capacidad de pago, un balance operativo positivo y niveles manejables de endeudamiento. Para el Gobierno estatal, la ratificación reconoce una política financiera que ha permitido sostener la inversión pública sin comprometer la estabilidad presupuestaria. El reto será conservar ese equilibrio hasta el final del sexenio y asegurar que el ritmo de obra continúe respaldado por ingresos, liquidez y una programación responsable del gasto.