San Luis Potosí está amenazado por la inseguridad, hay zonas urbanas y municipios que son “focos rojos” en donde no se asegura que el proceso electoral “sea el más justo”, ni tampoco que grupos delictivos no puedan interferir, expresó el abogado y analista político Hayro Leyva Romero. El representante legal del partido Conciencia Popular, agregó que el tema de la seguridad “ya rebasó” a los gobiernos tanto estatal, federal y municipal, “estamos en un proceso en donde no hemos tocado piso en materia de seguridad y que no pase más de lo que se ha visto en otros estados en San Luis Potosí”, como el asesinato de candidatos en diferentes estados de la República. Según un conteo realizado por El Financiero, han sido asesinados 24 políticos en México, en un período que abarca desde noviembre de 2023 al 14 de marzo de 2024.  Asimismo, el abogado externó que los municipios de San Luis Potosí en donde se ha registrado mayor actividad delictiva, son los que podrían presentar mayor complicación de seguridad durante el proceso electoral. Tal es el caso de municipios como Ébano, Villa de Zaragoza y Santa María, lugares donde suele existir “mucha disputa electoral”. Leyva Romero determinó que son las autoridades en materia de seguridad las que deben brindarla a todos los implicados en el proceso electoral como la Fiscalía Especializada en de Delitos Electorales, la Fiscalía General del Estado y la de la República “Autoridades en materia de seguridad deben dar seguridad a ciudadanos, partidos políticos y candidatos que aspiran a un cargo de elección popular este año, tendrán que poner acento en proteger a estas poblaciones”, puntualizó. El abogado y analista subrayó que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que en materia electoral, serán las propias Fiscalías o Secretarías de Seguridad Públicas de los estados quienes protejan a los candidatos que así lo soliciten. A nivel nacional, el órgano electoral informó que han pedido protección al Gobierno Federal 23 candidatos, ante el riesgo de violencia y amenazas recibidas. Finalmente refirió que la inseguridad y su percepción puede incidir en la participación de aspirantes y la ciudadanía potosina en general, “candidatos durante la campaña pueden renunciar por amenazas”.