El desarrollo de proyectos de fracking en México tardaría al menos dos o tres años en concretarse, debido a que todavía será necesario realizar estudios sobre disponibilidad de agua, explorar los yacimientos, comprobar su viabilidad económica y construir el marco regulatorio para esta actividad, señaló Leticia Merino, integrante del Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural No Convencional.

La especialista, explicó que uno de los primeros pasos será determinar la disponibilidad de agua salobre en las regiones donde eventualmente podría utilizarse la fractura hidráulica, así como comprobar que esos acuíferos no tengan conexión con fuentes de agua destinadas al consumo humano o a la agricultura.

“Yo creo que esto llevaría por lo menos otros dos o tres años, se tiene que regular”, afirmó Merino, quien participó en las discusiones del comité que sostuvo cuatro reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum para analizar la viabilidad económica, social y ambiental del aprovechamiento de yacimientos no convencionales.

La especialista indicó que los estudios sobre agua podrían comenzar hacia finales de este año o principios del siguiente, pero advirtió que el análisis tendría que realizarse en diferentes puntos de las cuencas consideradas para desarrollar estos recursos.

Posteriormente, sería necesario avanzar en la exploración para determinar si los recursos prospectivos pueden convertirse efectivamente en hidrocarburos explotables y, sobre todo, si su extracción sería rentable bajo las condiciones que pretende imponer el gobierno.

Merino explicó que actualmente existen recursos prospectivos, pero todavía no está comprobado con certeza qué volumen podría explotarse de manera económicamente rentable.

Como parte de los siguientes pasos, Merino señaló que durante los próximos meses se prevé trabajar en dos decretos relacionados con el desarrollo de yacimientos no convencionales.

Uno estaría enfocado en respaldar la prohibición del fracking en la cuenca Tampico-Misantla, mientras que el segundo buscaría establecer restricciones relacionadas con el uso de agua. Paralelamente, indicó que ya se trabaja en la normatividad aplicable a esta actividad.

La especialista explicó que Tampico-Misantla fue descartada debido, entre otros factores, a su mayor densidad de población rural, las condiciones de pobreza de diversas comunidades y su elevada dependencia del territorio para actividades como agricultura y turismo.

En contraste, las cuencas del norte presentan una menor densidad poblacional en las áreas donde potencialmente se utilizaría la técnica, aunque Merino enfatizó que esto no significa que estén exentas de impactos ambientales.

Merino agregó que todavía no se ha definido si los eventuales proyectos podrían desarrollarse mediante contratos mixtos o con participación de empresas privadas, un elemento relevante ante las limitaciones financieras y tecnológicas que enfrentaría Pemex para emprender por sí solo proyectos de esta magnitud.

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Con información de Excélsior