La captura en Arizona del general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa —o su entrega voluntaria—, es un estallido torpedero en el de por sí averiado casco del acorazado de complicidad entre el poder político sinaloense y el crimen organizado. Le pega en la línea de flotación y lo va a hundir. La acusación de “narcoestado” ya no se debate solamente en los medios ni se defiende en las conferencias mañaneras: ya se ventila físicamente en la Corte de Nueva York. Quizá —como se dijo el 30 de abril en la Cámara de Representantes de Estados Unidos— ya estamos presenciando algo más que el principio de las acciones estadounidenses contra la alianza Narco-Gubernamental en México.  En este mismo contexto, la presidenta CSP (con A) ayer dijo ignorar si hay intervención de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y el escapista senador Enrique Insunza. El congelamiento sería, por sí mismo, una prueba de responsabilidad, quizá no de culpabilidad. El Ejecutivo y el legislador tienen fuero. El dinero, no.  Como se sabe, la justicia de Estados Unidos sostiene 10 acusaciones contra Mérida en la Corte a donde ya fue trasladado con la dorada oportunidad de convertirse en testigo protegido (bien informado y mejor recompensado), si sus habilidades para el bel canto son mayores a su ética militar. Ahora es una especie de Barredor Bermúdez, pero en Sinaloa.  Entre otros asuntos punibles en su contra, la fiscalía argumenta donativos en su favor de parte del cártel sinaloense (100 mil dólares mensuales) a cambio de hacer gordo el ojo, o de plano cerrarlo, y avisar de riesgos a la maña para facilitar las operaciones de los narcotraficantes.   Según las autoridades de EU, el ex secretario de Seguridad de Rocha Moya no interfirió en las operaciones de Los Chapitos, ni detuvo a alguno de sus miembros, a quienes avisaba con ventajosa oportunidad sobre las actividades de las fuerzas del orden, sobre todo cuando se iban a intervenir laboratorios de metanfetaminas y fentanilo. Era un halcón bifronte al servicio de sus dos jefes (y socios): los narcos y su patrón político, el protegido de Morena.  Antes, Mérida Sánchez fue comandante de la XXV Zona Militar en Puebla. También dirigió la Escuela Militar de Inteligencia (poca, por lo visto), dependiente del CEEFA.  El 6 de mayo pasado se publicó su gestión judicial para lograr amparo en contra de una posible extradición. Pero prefirió ir a Arizona. Y cayó o se dejó caer.  Su captura, a pesar de su condición de retiro en el activo militar, también salpica al Ejército y emborrona la hoja de incorruptibilidad de las Fuerzas Armadas en labores de policía.  

Ese barco ya no flota. “¿Who’s next, darling?” *Al momento del envío de esta columna no se había confirmado la detención de Enrique Díaz POR RAFAEL CARDONA Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H