La organización World Justice Project México (WJP), con sede en los Estados Unidos, dio a conocer su cuarto reporte del índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 (IEDMX), que mide el grado de apego a la Ley de las 32 entidades federativas en el país y presenta nuevos datos e indicadores organizados en ocho factores que lo integran. San Luis Potosí se ubica en el lugar número 21 de la medición, lo cual reafirma el deterioro institucional por parte de la administración carrerista en diversos rubros gubernamentales y la herencia maldita legada a las y los potosinos, irregularidades que ha denunciado el gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona desde el comienzo del nuevo Gobierno. Los indicadores que mide el proyecto de justicia mundial, corresponden a: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad; cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Con un puntaje general de 0.38, debajo de Oaxaca, Tlaxcala y Michoacán, San Luis Potosí se coloca por debajo de la media y se revela la omisión a las políticas públicas durante el último año de la administración estatal pasada, en detrimento al bienestar de la población de todo el territorio potosino. En el índice de los límites al Poder Gubernamental, el Estado ocupó el lugar 16; en Ausencia de Corrupción cayó a la posición 23; en Gobierno Abierto, en el 22; en Derechos fundamentales, el 19; en Orden y Seguridad, en el 21; Cumplimiento regulatorio, 19; en Justicia Civil, en lugar 12 y Justicia Penal, en el 23. De acuerdo a mediciones anteriores, el sexenio pasado mostró un notorio descenso en el puntaje general, entre otras causas, primero por “un debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y un cierre del espacio cívico. La segunda, un deterioro en los sistemas de justicia penal. La tercera, la falta de avances en materia de anticorrupción. Por ello, este nuevo Gobierno potosino, con instrucción del mandatario Gallardo Cardona, tomó total responsabilidad para atender dichos indicadores, a través de mecanismos de justicia social que incluye brindar mejores condiciones de vida a todos los sectores de la población en las cuatro regiones del Estado; dinámicas que priorizan un acercamiento real y constante a las necesidades de la ciudadanía; fomento de valores institucionales como la transparencia y cero corrupción; castigo a quien o quienes hagan mal uso de las funciones públicas y la garantía a una vida digna de las personas más desfavorecidas.