Desafortunadamente no se conoce a cabalidad el contrato que se tiene con el Realito para la distribución de agua hacia San Luis Potosí debido a que reservaron el acceso público en el anterior gobierno, sin embargo, al ser un contrato ‘leonino’, podría convertirse en nulo, ya que existe un desequilibrio en algunas cláusulas, mismas que podrían generar la nulidad parcial en un juicio de carácter civil, pero también pueden continuar por la vía penal como lo está proponiendo el Gobierno del Estado señaló en entrevista el licenciado Jorge Chessal. "Un contrato que tiene cláusulas leoninas, esas cláusulas pueden declararse nulas, no necesitas romper todo el contrato", puntualizó.

Sin embargo, reconoció que con el fracaso operativo del proyecto, es necesariamente el Gobierno del Estado el que debe tomar acción para poder solucionarlo, situación que solamente el actual ha buscado porque los anteriores fueron omisos a ello. Aseveró que si bien la Constitución señala que las deudas de carácter puramente civil, no generan responsabilidad penal, pero cuando una deuda, un contrato o un acto, que originariamente es civil, tiene elementos que sí generan consecuencias dentro de la legislación penal, sí puede llevarse por la vía penal y entonces se podría revisar tanto el contrato de la obra, como el diseño del proyecto, la forma en la que se implementó e incluso acciones que desviaban el propósito de la obra y por consecuencia ya podría dar lugar a una responsabilidad penal y también se revisarían las omisiones que pudieron tener servidores públicos y la hasta la misma empresa.

Detalló: "si nosotros lo vemos exclusivamente como un contrato mal cumplido o incumplido, es un escenario, pero si se revisa toda la participación de toda una serie de personas públicas y privadas en esto, nos da lugar a una configuración de un acuerdo doloso por omisión, es decir, un dolo eventual o una omisión culpable porque incumplieron sus obligaciones", lo cual, no solamente se presentaría con la empresa, pueda han existido muchas más personad involucradas en ello. Externó que el tiempo que esto pueda tardar en tener una resolución, depende de la Fiscalía, pues es un asunto penal y por consecuencia se tendrían que presentar elementos suficientes para poder inculpar personajes públicos y privados ante un juez de control.