Si nuestros ojos no nos fallan o si no estamos teniendo una pesadilla, una parte del Poder Legislativo, con una mayoría artificial, tiene la pretensión de vulnerar una de las acciones fundamentales de todo Poder Judicial en una República bien ordenada. A saber: la revisión de la constitucionalidad de leyes, que incluyen, por supuesto, reformas a la Constitución. Con menos del 40 por ciento de votación del electorado, las fuerzas obradoristas pretenden arrogarse la representación del total de la ciudadanía. En un frenesí reformador -como si la Constitución fuera un documento que se puede cambiar a capricho- anda circulando un proyecto de decreto de reforma para que no se puedan revisar, bajo ninguna circunstancia, reformas a la Constitución. Si este decreto se pone en marcha, se clausurarían derechos fundamentales de los mexicanos como el recurso de amparo con efectos generales, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad e incluso, el control de convencionalidad. Con voces estentóreas, dignas de mejor causa, los tribunos de Morena y partidos anexos, han utilizado la palestra legislativa para decirnos claramente que ellos no creen en un sistema republicano con división de poderes. La frase según la cual la llegada al poder del obradorato era un peligro para el país se está cumpliendo segundo a segundo. El decreto dictatorial anulará, en los hechos, el poder de una rama de nuestro orden republicano. Muchos suponían que el régimen se iba a esperar a controlar o a desactivar ellos mismos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al nombrar jueces y ministros a modo. Esto va a suceder muy probablemente el próximo año, pero el régimen tiene prisa. Desafortunadamente, no hay una voz en las filas oficialistas que pueda llamar a la cordura y moderar a los más radicales. Por el contrario, la insensatez ya es la marca de la casa. La afrenta mayor no es ni siquiera contra el Poder Judicial, sino contra el pueblo mexicano, que el oficialismo dice representar. En efecto, las medidas dictatoriales del decreto de marras afectarían a los que menos recursos tienen, aunque hay que decir que la vulneración sería contra todo mundo. Como lo he señalado en varias ocasiones, es una característica de los populismos autoritarismos del siglo XXI, atacar e intentar debilitar a los poderes judiciales, precisamente porque son los custodios máximos de la Constitución y del orden republicano. También porque es más fácil desmantelar a la rama más débil de las tres existentes. En última instancia, la autoridad del Poder Judicial descansa en el consenso de la sociedad de que las controversias se deben dirimir a partir de la racionalidad jurídica y bajo el manto del Estado de derecho. Es claro que en México la sociedad en ningún momento ha dicho que no necesita al Poder Judicial. Esto sería el equivalente a aceptar que reine el más poderoso. En estas condiciones, importa mucho resistir y defender al Poder Judicial, a la Constitución, al orden republicano y, en última instancia, a la justicia. POR GUSTAVO DE HOYOS WALTHER

FUNDADOR DE SÍ POR MÉXICO Y UNID@S

@GDEHOYOSWALTHER