Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en contra del intento de Rubén Rocha Moya de retomar sus funciones como gobernador de Sinaloa y consideró que esa misma posición debería aplicarse a gobernantes y funcionarios vinculados con la delincuencia organizada.

“Claro que sí debería ocurrir con todos los que estén inmiscuidos con el crimen organizado y con estar haciendo malas prácticas del gobierno”, pidió la presidenta municipal de Uruapan.

La viuda de Carlos Manzo aseguró que la relación que ha mantenido con la presidenta de México ha sido respetuosa y agradeció el respaldo del gobierno federal en materia de seguridad mediante el Ejército y la Guardia Nacional.

Acompañada por simpatizantes y dirigentes del “Movimiento del Sombrero” en la Ciudad de México, Quiroz sostuvo que la postura contra funcionarios señalados por presuntos vínculos con la delincuencia debe aplicarse sin importar el partido político al que pertenezcan.

“Esto quiere decir que sí le importa el bienestar de México, le importa el bienestar de su mismo partido, esto habla bien ojalá y esto suceda no sólo en Sinaloa sino en todos los estados de la República (…) no debe de haber impunidad absolutamente para nadie”, sentenció.

Quiroz acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la audiencia en la que los ministros analizarían la acción de inconstitucionalidad 69/2026, que impugna diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán.

La alcaldesa se pronunció en contra del proyecto del ministro Arístides Guerrero, que valida las reformas donde se establecen restricciones a las candidaturas independientes en Michoacán. Sin embargo, los ministros de la SCJN decidieron dejar en lista el proyecto para una discusión posterior.

“Si las condiciones a nosotros no se nos prestan, nosotros sabemos trabajar desde la lucha social con la gente, con cargo o sin cargo hemos estado ayudando a la ciudadanía pues esa es la única garantía que la gente puede tener con nosotros”, advirtió.

La SCJN tiene como fecha límite el próximo lunes 31 de agosto para discutir y resolver el proyecto, debido a que el 1 de septiembre inicia el proceso electoral de 2027.

“Hay que hacer nuevas estrategias, digo, pueden ponerte obstáculos en la vida, pero mientras yo creo que si una puerta se cierra se abre otra —¿ve influencias externas en este proyecto?— no lo sé, hace algunos días diputados del Congreso del estado (se reunieron) con algunos ministros, me gustaría no pensar mal, pero hay que esperar la resolución”, afirmó.

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Con información de Latinus