Una piedra en el zapato. En tremendo lío ha metido el tabasqueño Rosendo Gómez Piedra, titular de la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa de la FGR, que comanda Alejandro Gertz Manero, a Andrés Manuel López Obrador. UNA PIEDRA EN el zapato. En tremendo lío ha metido el tabasqueño Rosendo Gómez Piedra, titular de la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa de la FGR, que comanda Alejandro Gertz Manero, a Andrés Manuel López Obrador. Y es que al haber reactivado las 17 órdenes de aprehensión contra miembros del Ejército Mexicano ha mostrado su desesperación por dar un golpe al costo que sea ante un caso que se ha venido derrumbando estrepitosamente. No olvidemos las absoluciones de José Luis Abarca y Sidronio Casarrubias en este caso. Lo escandaloso de esto es que las 17 órdenes de aprehensión recién libradas por la jueza Segunda de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, son exactamente las mismas que en septiembre del año pasado fueron canceladas a solicitud de la FGR por no haber elementos suficientes que acreditaran responsabilidad alguna en contra de los militares. A menos de un año de esta cancelación, mágicamente ahora sí existen elementos y se libran una vez más las mismas órdenes de aprehensión que hace casi un año fueron canceladas. De nueva cuenta, la defensa de los militares correrá a cargo de los litigantes Alejandro Robledo y César González, quienes darán la batalla a la Fiscalía Especial de Gómez Piedra y buscarán fincar responsabilidades penales a los funcionarios públicos involucrados en esta nueva embestida. Sin duda este es un mal mensaje de miras a las jornadas electorales de 2024 en el que estamos viendo un desaire del Ejecutivo a las Fuerzas Armadas. ANTE LA AUSENCIA de un convenio concursal entre los acreedores de Trese (Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados), el director del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom), Edgar Bonilla, tiene pendiente emitir una opinión técnica que confirme la inviabilidad económica de la empresa de Ricardo Silva y, por lo tanto, su inminente quiebra, la cual deberá ser decretada por la Juez Séptimo de Distrito, María Concepción Argumosa. Aunado a lo anterior, Pemex se encuentra en una situación delicada, debido a que ha retenido injustificadamente poco más de 100 millones de dólares, monto que debería haberse depositado en el fideicomiso que administra CIBanco, lo cual explica que la institución que dirige Mario Maciel no esté en posibilidad de dispersar el dinero en los términos del contrato de fideicomiso y de acuerdo a las diversas órdenes judiciales que, a su vez se contraponen entre sí. De esta forma CIBanco se encuentra en medio de una pugna que no es suya, ya que simplemente funge como administrador. Sin embargo, la empresa malaya Coastal y la jueza Argumosa parecen no entender la función de un fiduciario, quien al no contar con recursos claramente no puede dispersar pagos. PEMEX ACABA DE asignar ooootra vez Ixachi. La ganó Grupo Marsori, que capitanea Vicente Soriano. Dedicada a la construcción de plantas de almacenamiento de combustibles y gas LP, no tiene las mejores referencias. Según reportes periodísticos fue investigada por lavado de dinero y huachicol. Fue una de las favoritas de Rocío Nahle. Por mucho tiempo hizo esferas para la refinería de Dos Bocas hasta que incumplió y fue retirada. El contrato de 80 millones de dólares fue por adjudicación directa de las huestes de Octavio Romero. Primero fue ESEASA, de Abraham Santos; luego Idinsa, de Víctor Ortiz; después Caabsa, de Luis y Mauricio Amodío; posteriormente quiso entrar Kiewit, que preside Rick Lanoha, y al final, Arendal de Jesús García-Pons y Avanzia de Florentino Pérez. Casi desde el arranque del sexenio, el proyecto de la batería de separación de crudo y gas en ese campo de Ixachi se fue achicando de unos 750 millones a 80 millones de dólares. UNA OPERACIÓN QUE pasó desapercibida, al menos en México, fue la reciente compra de Isolux. El asunto no sería relevante de no ser por quién compró y qué adquirió.Hablamos del mexicano Jerónimo de la Macorra, empresario encajado en el sector inmobiliario y en la industria de la construcción. La española Isolux se declaró en concurso mercantil en 2017 para hacer frente a deudas por cerca de mil 270 millones de euros. Aquí esta compañía, una de las mayores contratistas del mundo en el siglo pasado, también entró a concurso mercantil y el convenio concursal en etapa de quiebra ya estaba prácticamente acordado. Pero De la Macorra compró el cascarón de la empresa en España y se convierte en el cuarto que incursiona en ese país. Primero fue Carlos Slim con FCC, después Luis y Mauricio Amodío con OHL y más reciente José Miguel Bejos con Duro Felguera. En México, Isolux posee una vasta experiencia en construcción de líneas de transmisión para la CFE y carreteras. EN QUINTANA ROO, que gobierna Mara Lezama, se alista un cambio en la Fiscalía General del Estado que encabeza Óscar Montes de Oca. El funcionario habría presentado su renuncia la semana pasada. El nombre de Raciel López, quien es el delegado en la entidad de la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero. Montes de Oca llevaba cuatro años en el cargo y su responsabilidad concluía en diciembre de 2027. Son varios los expedientes que deberá retomar el chiapaneco López, entre ellos el caso del Hotel Heaven de la Riviera Maya de Juan Llull, que opera irregularmente en un predio objeto de despojo en detrimento de la sucesión de Sergio Herrera Zubeldía. LE DECÍA LA semana pasada que inició una batalla de interaccionistas en CV Directo, esta afamada empresa de ventas a través de la televisión. Los accionistas acusan a Luis Epelstein Rapaport, Samuel Alfredo Epelstein Mussan y Gabriela Morales Francisco de un faltante de más de 600 millones de pesos. Los demandantes son Eduardo Margolis, el de Blindajes Epel, y Ramón Andreu, fundador de Innova. La controversia está escalando porque los afectados han demandado la comparecencia de BBVA, que maneja Eduardo Osuna, y Santander, que lleva Felipe García Ascencio, por haber dado créditos por 200 millones de pesos a la sociedad a través de los Epelstein, recursos que no fueron aplicados al negocio. MÁS QUE A los pequeños tortilleros del país, el nuevo decreto que alista Andrés Manuel López Obrador para restringir la comercialización de maíz blanco genéticamente modificado, pegará a las grandes harineras e importadoras. Apunte en orden de importancia a Grupo Gruma, que preside Juan Antonio González Moreno; Grupo Minsa, que encabeza Altagracia Gómez; Grupo Cargill, que preside Fernando Guareschi; Harinas de Omalli, que dirige Gonzalo Palacio, y Hari MASA, que comanda Alberto Morales. POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE