Esta semana se publicó la reforma a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas. Es el arranque del Plan B que elimina límites a la propaganda gubernamental en materia electoral. Ahora, los funcionarios públicos podrán opinar sobre los logros de gobierno en cualquier momento, en el libre ejercicio de su libertad de expresión. El resto del plan entrará eventualmente en vigor, con los cambios que ordene la Corte por su inconstitucionalidad. Más allá de los efectos de las reformas contra el Instituto Nacional Electoral (INE), los cambios apuntan al repunte de la desconfianza en materia electoral. Los hechos están a la vista: 1) falta de consenso para reformar las leyes; 2) ataques sistemáticos a las autoridades electorales; 3) campañas y precampañas adelantadas; 4) manifestaciones de funcionarios públicos sobre partidos y candidatos; 5) percepción de injerencia de los gobiernos en los procesos electorales; y 6) las dudas sobre la viabilidad de organizar elecciones transparentes y creíbles, con un órgano electoral intencionalmente debilitado y sin recursos humanos y económicos. La desconfianza fue la generadora de buena parte de las leyes electorales actuales, incluso de su barroquismo y complejidad, pero también de sus resultados positivos.

Por eso conviene recordar los años 80 y 90 en los que la falta de credibilidad motivó reformas para construir el sistema que trajo alternancia, procedimientos bien vigilados e instituciones sólidas. Ese proceso estuvo acompañado por movilizaciones y participación ciudadana que, en buena parte, se expresaron a través de la observación electoral. Ante la cerrazón de los gobiernos de entonces, la observación ciudadana y los reportes y evidencias que se levantaron desde antes de 1988, generaron un cambio paulatino que incluyó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1991. Pase lo que pase en el Congreso de la Unión y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el Plan B, hoy es época de retomar la observación de las elecciones, como una acción cívica vigilante de cada etapa de los procesos electorales, de la acción gubernamental, de las campañas, del posible uso de recursos públicos a favor de un partido, y de la forma como las autoridades electorales toman cada decisión y resuelven los nuevos retos que traerá la Ley. Es el regreso a 1994, cuando nació Alianza Cívica y en pocos meses coordinó grandes acciones ciudadanas para vigilar las elecciones. Se trata de vigilar que la calidad de nuestra democracia se mantenga, que prevalezca la imparcialidad de todos los actores, que los recursos se ejerzan como manda la ley, que tengamos resultados oportunos. Se trata, en suma, de medir la eficiencia de las nuevas leyes. Habría que empezar por observar cómo se nombran a las nuevas consejeras y consejeros del INE y cómo resuelve la Corte las controversias que se presentarán. Es necesario retomar la observación electoral para construir confianza.  Arturo Sánchez Gutiérrez

Profesor Investigador, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno tec de Monterrey

@ArturoSanchezG