El incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al tabaco, ha encarecido el precio entre los 15 y los 20 pesos, superando el costo por cajetilla a más de 100 pesos y disparando el contrabando de dicho producto, alertó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

“Actualmente, 3 de cada 10 cigarros que se venden en el país son ilegales. Sin lugar a dudas, esta política fiscal ha terminado por llenar las alforjas de los cárteles del cigarro de contrabando que operan con amplios márgenes y, en gran medida, con total impunidad”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la asociación.

De acuerdo con el organismo, estas organizaciones criminales venden cigarros a plena vista en las afueras de estaciones del metro, paraderos de transporte público, aceras, cruceros y otros espacios públicos.

“Resulta sumamente sencillo encontrar dónde adquirir este tipo de productos. La diferencia de precio entre una cajetilla legal y una de contrabando es abismal, superior a 75 pesos lo que estimula su consumo y distribución”, advirtió Rivera.

Además, agregó, estos cigarros se venden incluso sueltos, a menores de edad, sin ofrecer ningún control de calidad en su producción poniendo en riesgo mayor la salud pública y, desde luego, no pagan un solo peso de impuestos.

La ANPEC recordó que, desde el 1 de enero del presente año, entraron en vigor las reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) que refuerza la obligación de verificar la legalidad de las cajetillas de cigarros, estableciendo con mayor claridad que la venta o posesión de cigarros ilegales se considera una conducta equiparada al delito de contrabando.

¿Cuál es la multa por vender cigarros ilegales en México?

El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió que el código de seguridad fiscal, obligatorio en cada cajetilla legal, es el principal elemento para acreditar que el producto cumple con la ley, pues se trata de un código único e irrepetible que demuestra el pago de impuestos.

Es decir, la ausencia de este código o el uso de códigos falsos, alterados o apócrifos, coloca al comerciante en riesgo de ser considerando y tratado como contrabandista, lo que implica uno de los mayores problemas para los pequeños comercios ya que las sanciones no se limitan al importador o fabricante o a quien se los vendió.

Entre las sanciones penales se encuentran la prisión de 3 meses a 5 años cuando se trate de contrabando sin agravantes relevantes o de 3 a 9 años cuando se configure contrabando calificado, como el uso de códigos falsos o alterados, documentación fraudulenta o cuando el monto de los impuestos omitidos sea elevado.

En cuanto a multas económicas equivalentes del 130 al 150 por ciento de las contribuciones omitidas, incluyendo el IEPS. También aseguramiento y decomiso definitivo de los cigarros o tabacos labrados, así como de los medios utilizados para su transporte o almacenamiento.

Y pueden ser sancionados comerciantes, distribuidores o cualquier persona que tenga en su poder cigarros ilegales si no puede acreditar su legal estancia y cumplimiento fiscal.

La ANPEC hizo un llamado a sus afiliados a comprar únicamente a distribuidores formales, revisar cuidadosamente cada cajetilla y conservar la documentación que acredite la legalidad de los productos, no poner en riesgo el negocio es una decisión clave para su permanencia y estabilidad.

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Con información de El Financiero