San Luis Potosí, SLP. — El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) mantiene bajo revisión permanente las contrataciones y el ejercicio de recursos públicos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), particularmente ante los señalamientos sobre presuntas empresas fantasma vinculadas con servicios electorales a nivel nacional, informó su titular, Rodrigo Joaquín Lecoutois López.

El auditor explicó que, aunque una parte importante del presupuesto del organismo electoral se destina al capítulo mil, correspondiente a sueldos y salarios, se revisan los contratos y gastos realizados con recursos públicos. Precisó que algunas de las contrataciones de mayor magnitud provienen del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que es necesario distinguir entre los servicios contratados a nivel federal y aquellos que corresponden directamente al organismo local.

En este contexto, señaló que uno de los procesos que requerirá especial atención será la contratación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para las elecciones de 2027, debido a que representa uno de los servicios de mayor costo para el Ceepac durante cada proceso electoral. Advirtió que anteriormente este tipo de contratos se concentraba en uno o dos proveedores, por lo que consideró necesario garantizar condiciones de competencia y evitar posibles favoritismos.

Lecoutois López manifestó que sería conveniente que este servicio pudiera ser contratado con instituciones potosinas que cuenten con la capacidad técnica y jurídica necesaria, como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) o el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT). Sin embargo, aclaró que la contratación deberá privilegiar las mejores condiciones económicas y técnicas, independientemente del origen del proveedor.

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Finalmente, aseguró que el IFSE dará seguimiento al procedimiento de contratación del PREP para verificar que se realice mediante una licitación pública, con apego a las formalidades correspondientes y sin preferencias hacia empresas o instituciones determinadas, con el objetivo de garantizar que los recursos destinados a este servicio sean ejercidos bajo las mejores condiciones posibles.