En México no estamos acostumbrados a la justicia, tampoco a la verdad. Las carpetas de investigación se apilan en las Fiscalías. Miles de víctimas y familiares de víctimas de delitos persiguen la justicia que rara vez llega. Más del 95% de los delitos quedan impunes. Millones de personas esperan justicia. Sus casos no están bajo el reflector público y no ocupan las primeras planas ni los espacios noticiosos. Pero tampoco llega la verdad para aquellos que se han colocado en la lupa mediática. En el caso de Debanhi Escobar, por ejemplo, tras más de un mes de su desaparición no sabemos qué ocurrió. Las autoridades de NL han estado más de media docena de veces en el Motel Nueva Castilla donde sus restos fueron localizados, y lejos de despejarse cada vez hay más preguntas. Su padre, Mario Escobar, nos dijo que a la Fiscalía “se lee va a caer el teatrito”. Y sí. La autopsia que la familia mandó elaborar de manera independiente no solo no coincide, sino que choca con la de la Fiscalía. “A Debanhi la mataron”, dice don Mario. Su cuerpo, según su autopsia presentaba signos de violencia sexual y confirmaba que fue asesinada. No hay verdad. A Yolanda Martínez la buscaron durante semanas. Y cuando al fin la localizaron, las autoridades de NL se aprestaron a afirmar que se suicidó. Filtraron, como con Debanhi, datos e información que revictimiza a la joven. ¿Se suicidó? Difícil confiar en las autoridades. Han pasado más dos años y medio de la masacre a las familias LeBaron, Langford, Miller y Johnson en Bavispe, Sonora. A finales de la semana pasada conversé con Adrián y Bryan LeBaron. Han sido detenidas decenas de personas, pero ninguna ha llegado, siquiera, a la audiencia intermedia. No hay una sola sentencia. No hay justicia. Más de año después del colapso en la Línea 12 que dejó 26 personas muertas, no hay nadie detenido, mucho menos sentenciado. La papa caliente vuela entre quienes acusan fallas en el diseño, la construcción, la supervisión y el mantenimiento del tramo que se derrumbó. De justicia, muy poco. Hace una semana y media asesinaron al respetado periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez. Había recibido amenazas. El subsecretario de Seguridad federal Ricardo Mejía se apresuró a decir que su muerte no tuvo que ver con su labor periodística. ¿Quién lo mató y por qué, entonces? No lo dijo. La vehemente afirmación, se acompañó de otra no menos temeraria: las periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila García asesinadas en Cosoleacaque, Veracruz, hace una semana, tendrían vínculos con el crimen organizado. ¿Las dos? ¿Qué elementos probarían tal cosa? México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. 11 comunicadores han sido asesinados en 2022. Pero el secretario ya “resolvió” tres homicidios en semana y media. La impunidad envuelve cada uno de los casos. No sabemos qué pasó. No hay, tampoco, confianza en las autoridades. Las Fiscalías que tendrían que procurar justicia, rara vez lo hacen. Los juzgados, donde debería impartirse, suelen estar lejos de las víctimas. ¿Qué es la justicia, si no la búsqueda de la verdad? Verdad para saber qué pasó, sí. Para que llegue la justicia, por supuesto. Pero, también, para que no haya repetición. POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

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