El World Justice Project (WJP), al mando de Alejandro González —director de Proyectos de Estado de Derecho y de la oficina de WJP en México—, presentará este miércoles en el museo Memoria y Tolerancia, CDMX, el Índice de Estado de Derecho en México 2022- 2023. Será la quinta edición en México y están confirmados los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora (Morena), y Mauricio Kuri, de Querétaro (PAN). Además, participarán Elizabeth Andersen, directora ejecutiva del WJP; Nuhad Ponce, del Colegio de Abogados; y Alejandro Ponce, director global de Investigación del WJP. Desde 2018, WJP publica el Índice de Estado de Derecho en México, que mide el grado de adhesión al Estado de Derecho de las 32 entidades federativas; y presenta indicadores organizados en los ocho factores que lo integran: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. EL NEGOCIO DEL PÁDEL

En México se han construido más de mil canchas de pádel y el costo de cada una puede ir desde 400 mil hasta 800 mil pesos. Tiene un valor estimado de poco más de 200 millones de dólares y se estima que alcance 340 millones de dólares en 2029. Por ejemplo, el World Padel Tour registró en 2022 más de cuatro mil espectadores. Lo que no saben quiénes participaron como aliados comerciales es que el director del World Padel Tour México, Diego de la Torre, y su socio en la empresa Omnifut, Ricardo Jiménez, están inmiscuidos en una batalla legal por falsificar la marca International Padel Courts (IPC) en distintos momentos, incluidos eventos deportivos, además de hacerse de manera irregular de perfiles de redes sociales y construcción de canchas usando un nombre del que no tenían derechos. Con la edición 2023, vale la pena que las marcas esperen la resolución de este conflicto antes de invertir en un riesgo. MÉXICO NECESITA ELECTROLINERAS

La explosión que vive México en electromovilidad, desde explotación de metales hasta producción de vehículos eléctricos, necesitará una fuerte inversión en infraestructura. Según Lorenzo Ortego, director general de Voltway, para 2030, el país deberá contar con 50 mil cargadores públicos para atender un parque vehicular, que ascenderá a 770 mil unidades eléctricas —si se mantiene una tasa anual de crecimiento de 50 por ciento—. Esto supone instalaciones para entornos comerciales, flotillas y electrolineras de carga rápida. Xignux, que dirige Juan Ignacio Garza Herrera, ya puso el ojo en este mercado y constituyó Voltway, en alianza con Circontrol, compañía española pionera en fabricación de soluciones de recarga de vehículos eléctricos en Europa. POR JAIME NÚÑEZ

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