El debate sobre el dinero para el primer ejercicio de revocación de mandato del Presidente de la República, que marcará un precedente indeseable para muchos, es un tema que involucra al gobierno federal, al Congreso, al Poder Judicial y al INE, pero concierne sobre todo a los mexicanos porque, más que sobre la autonomía de un órgano del Estado, es sobre la ética en la función pública. Y en este ámbito lo único que ganarán los consejeros del INE, encabezados por Lorenzo Córdova, será dinero. Dinero, no prestigio. Lo que está en curso, en el tema del presupuesto del INE, son dos concepciones sobre el servicio público y las prioridades en el uso de los recursos del pueblo: Una se sustenta en instituciones opulentas que para cumplir con sus obligaciones sean fuente de enriquecimiento, y otra que ve en la austeridad republicana la orientación del gasto a prioridades sociales en un país estructuralmente inequitativo e injusto. La austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador es a menudo extrema, pero los privilegios y despilfarros en la era neoliberal son aberrantes y nauseabundos. Luis Echeverría, quien ayer cumplió cien años de edad, creó la pensión vitalicia para los expresidentes —que incluía a 78 militares y a 25 empleados— y Miguel de la Madrid añadió como prestaciones seguro de vida y de gastos médicos mayores. Pero los altos ingresos de los servidores públicos, que supuestamente premiaban las aptitudes y prevenían la corrupción, comenzó con Carlos Salinas y se extendió hasta 2018, el ciclo neoliberal que, conforme a datos reales, no fue ejemplo de eficiencia ni de honestidad de la alta burocracia que lucró de todas las maneras posibles con el poder público. En 2003, Laura Carrillo y Juan Pablo Guerrero publicaron Los salarios de los altos funcionarios en México desde una perspectiva comparada, un estudio que acreditó que los servidores públicos de México eran de los mejores pagados del mundo. Es verdad que en otros países los altos funcionarios tenían también mejores salarios que la población, pero en el caso de México la desproporción era inaudita. Otro estudio académico, Los parásitos del poder, cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes, de Hilda Nucci y Ernesto Villanueva, particularizó sobre los millonarios presupuestos anuales para éstos hasta que el Congreso aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para que ninguno de éstos gane más que el Presidente de la República. Si de por sí era inaudita esta medida, López Obrador redujo a la mitad el sueldo que percibía Enrique Peña para exhortar a los servidores públicos de los otros poderes, de los otros dos niveles de gobierno y de los organismos autónomos a seguir su ejemplo y acatar lo que dispone la Constitución. El INE se atrincheró en la autonomía para mantener sus ingresos y sigue aferrado tres años después, hasta el debate vigente sobre los recursos para la revocación de mandato, que en realidad es la defensa de sus privilegios, que a un grupo de académicos los ha hecho nuevos millonarios. Apuntes: En mi columna de la semana pasada escribí que Calderón y funcionarios de su gobierno, como el embajador en Washington, Arturo Sarukhán, sabían del operativo Rápido y furioso. Éste lo negó. Pero un documento del 10 de junio de 2011 y elaborado por Enrique Escamilla, consejero de la embajada de México en Estados Unidos y dirigido a Sarukhán, acredita que el tema lo abordaron los procuradores Marisela Morales y Eric Holder, en la reunión de octubre de ese año. El documento, revelado en junio de 2020 por Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington, detalla que también discutirían Wide Receiver y “cualquier otra operación en la que se pudiesen haber utilizado mecanismos de investigación como los usados en estos dos casos”. POR ÁLVARO DELGADO

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN EL DIARIO DIGITAL "SIN EMBARGO"

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