Cuando la economía cae en crisis, las y los que menos tienen son a menudo los más afectados y con ello, la pobreza tiende a agudizarse con impactos terribles. Desde hace más de dos años cuando llegó la pandemia por COVID-19, se inició un ciclo que no solo provocó estragos en la salud de la población mundial, sino que golpeó duramente a todas las economías y sectores sociales y productivos. Vivimos momentos muy complicados. La recuperación económica ha sido muy lenta y ha dado paso a fenómenos que afectan directamente a la población. Es el caso de la espiral inflacionaria que quincena a quincena y mes con mes, se ha venido elevando sin que sea posible contenerla. La inflación les pega a todos, aunque afecta con mayor dureza a los sectores sociales ya de por sí vulnerables. El incremento anual en el período enero a la primera quincena de julio, fue de 8.68 por ciento en el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo. La gente resiente eso cada ocasión que va a la tienda de la esquina a comprar algunos víveres y productos para la familia. No alcanza para pagar con los pesos que se lleva en la bolsa.  Todo es cada vez más caro y son cada vez más los productos que se vuelven inalcanzables. Transitamos un año de pesadilla. El índice Nacional de Precios al Consumidor sumó 33 quincenas por arriba del objetivo del Banco de México que había fijado una meta anualizada de 3 por ciento; ya superó la barrera de los 8 puntos. En San Luis Potosí, cientos de miles de familias viven en la incertidumbre porque el ingreso no es suficiente para solventar los gastos más elementales. Al cierre de 2020, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), reportó que 40.7 por ciento de la población ocupada tuvo un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria. En ese sentido, Semáforo Económico informó que para el año 2021, ese porcentaje se incrementó a 44.7 por ciento. Si bien durante los últimos tres años se han observado incrementos históricos al salario mínimo, el proceso inflacionario da la impresión de haberlo pulverizado. Al cierre de 2020, 529 mil 400 personas no tenían acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Ese número ya debe haberse incrementado. 504 mil 500 personas tienen ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, es decir, que viven en extrema pobreza porque sus ingresos son raquíticos e inconstantes. Viven en la miseria y con la inflación incontenible no podría ser peor. Un millón 459 mil 900 personas, tienen ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos. Esta enorme franja de la población es hoy por hoy la más afectada, pues el dinero que ingresa a sus hogares apenas les ajustaba para hacer frente al alto costo de la vida. La población vulnerable por ingreso, es de 245 mil 900 personas. Las estadísticas corresponden a 2020, pero debe tenerse en cuenta que 2021 y 2022 no han sido lo favorables que se habría esperado para contrarrestar tanta desigualdad. Lo peor es que se pronostica que para lo que resta del año el proceso inflacionario no se detendrá. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a controlar la inflación. Vamos a salir bien, ha dicho, la vamos a controlar pronto, ha insistido. No queremos que haya incrementos de precios, estamos trabajando en eso. Sin embargo, la desesperación social va en aumento. En San Luis Potosí, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona publicó en redes sociales una imagen en la que comparaba el precio de un Gansito con el de un garrafón de agua que se puede llenar en una purificadora por 13 pesos. Luego difundió otra con el mismo pastelito, pero a precio de 23 pesos, lo mismo que un kilogramo de tortilla. “El Gobierno del Estado seguirá abriendo tortillerías subsidiadas y lo que le toca a la gente es dejar de consumir comida que daña a los pequeños adultos”. Pues sí, pero el problema actual es de tales dimensiones que ayudar a la gente con tortilla, agua y despensas, aunque es benéfico, no es para nada lo que se espera de un gobierno en tiempos de crisis económica.  Lo deseable es que pudiera instrumentar programas de apoyo a los sectores más afectados e implementar esquemas de austeridad en el gasto público, pues la situación no está para dar rienda suelta a la fiesta.