Las y los ministros que se opusieron a la Reforma Judicial siguen haciendo de las suyas: fueron los que más requisitos impusieron para la selección de candidatas y candidatos a jueces, ministros o magistrados y los que menos registros o solicitudes recibieron en el Comité que corresponde al Poder Judicial. Los números hablan por sí solos: el Poder Legislativo logró 26 mil 883 registros; el Ejecutivo, 18 mil 447; mientras que el Judicial logró sólo tres mil 805. ¿Qué significa esto? Varias cosas, pero en esencia quiere decir que el “filtro” establecido por la Corte es el que menos posibilidades tiene para que sus seleccionados lleguen.  Peor aún, a propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se estableció un riguroso examen para todas y todos los aspirantes.  Y por si eso fuera poco, los ministros “opositores” convencieron a muchos trabajadores del Poder Judicial para que no entraran al proceso.  Pero algunos que no lograron cooptar y se inscribieron, fueron despedidos, como dos integrantes de la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat.  Los dieron de baja por prestarse a legitimar un proceso que las y los ministros encabezados por Norma Piña nunca avalaron.  En los hechos, las y los togados que se resisten a la reforma inhibieron la participación de representantes del Poder Judicial, porque ya vimos que son los que menos “candidatos” tienen y las posibilidades de ocupar un espacio serán también muy reducidas.  Bajo ese escenario, hay empleados de la Suprema Corte que ya empiezan a lamentarse por no haberse inscrito.  Las y los jueces, ministros y magistrados que decidieron quedarse fuera recibirán sus haberes de retiro, algo que seguramente le resolverá la vida a los de mayor rango, como los ministros, pero no al resto de los empleados judiciales.  En ese contexto, la postura de resistencia terminó por convertirse en un búmeran. Y los ministros que decidieron no entrar al proceso (como sí lo hicieron sus compañeras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres) pasaron a perjudicar a muchos de empleados de menor jerarquía que “por dignidad” les hicieron caso y también quedaron fuera.  *** A PROPÓSITO DE LA REFORMA JUDICIAL, quienes abandonaron el barco y decidieron buscar una mejor posición fueron la comisionada del INAI, Josefina Román, y la secretaria técnica del organismo, Yadira Alarcón. Todavía no se consumaba la desaparición del instituto garante de la transparencia y las dos funcionarias ya habían puesto un pie fuera para buscar una magistratura.  En el caso de InfoCDMX, dos de sus comisionados, Julio César Bonilla y Arístides Guerrero, también se inscribieron, pero para buscar ser ministros de la Corte.  *** SE DESCUIDAN TANTITO y la familia Segreste continuará sangrando a Segalmex. Resulta que Reynaldo Segreste Rojas demandó a Liconsa, será reinstalado en su cargo y, por si fuera poco, cobrará un laudo millonario.  Pero no se trata de cualquier trabajador: Reynaldo es sobrino de René Gavira Segreste, exdirector de Administración de Segalmex, quien se encuentra preso por ser el autor material del mayor acto de corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.  Gavira Segreste y cómplices cometieron un desfalco que asciende a dos mil 700 millones de pesos, por lo que se presentaron 156 denuncias en contra de ex servidores públicos y particulares. En mayo lo vincularon a proceso por delincuencia organizada.  *** Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “En la Corte, la justicia es ciega, pero los ministros parecen ver muy bien los intereses políticos”. POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO  

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