El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) denunció que la representación estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) atraviesa una profunda crisis institucional que ha derivado en una fase de "simulación jurídica y administrativa", dejando en la indefensión a miles de ciudadanos de los pueblos originarios.

La polémica estalló luego de que el personal de la dependencia abandonara sus oficinas centrales en la capital del estado, bajo instrucciones de trabajar vía remota debido a una supuesta política de austeridad.

A través de un video en redes sociales, el representante estatal del INPI, Mario Alberto Godoy Ramos, afirmó que la atención al sector continúa de manera normal a través de las sedes regionales en Tampacán, Tancanhuitz, Tanquián y Cárdenas, además de contar con un espacio físico en la Secretaría del Bienestar.

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El OIM sostiene que la ausencia de oficinas permanentes impide el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos, reduciendo la política pública a simples videos en redes.