La Fiscalía Nacional de Chile anunció el viernes el inicio de una investigación penal por los presuntos delitos de cohecho, soborno y tributarios derivados de la compraventa de un proyecto minero de propiedad de la familia del presidente Sebastián Piñera, que fue condicionada a que el área para su desarrollo no se interviniera medioambientalmente. La controvertida compraventa fue suscrita en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas el 10 de diciembre de 2010, nueve meses después de que Piñera iniciara su primer mandato presidencial (2010-2014). La directora de la Unidad Anticorrupción, Marta Herrera, dijo que la decisión se adoptó luego de que su departamento analizara los recientes antecedentes revelados por una investigación periodística internacional, conocida como los Pandora Papers, que indica que el último pago del comprobante, por 10 millones de dólares, “fue condicionado a que no hubiese modificaciones en la normativa medioambiental que entorpecieran el desarrollo del proyecto”. La investigación internacional reveló los negocios en paraísos fiscales de centenares de autoridades, exautoridades, políticos, deportistas y artistas, entre otros. En agosto de 2010, poco después de asumir, Piñera anunció la reubicación de una termoeléctrica a carbón de Barrancones, que ya contaba con autorización para construirse. Explicó que logró el cambió luego de conversar directamente con sus dueños y que lo hizo para alejarla de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en el norte. Sin embargo, en ese momento no se sabía que su familia estaba a punto de firmar la compraventa del proyecto Dominga, que se levantaría en La Higuera, la misma comuna de la cual desplazó a la termoeléctrica. Años después una comisión investigadora de diputados concluyó que se podía presumir que Piñera “buscó beneficiar a minera Dominga, en agosto de 2010, cuando… saltándose la institucionalidad ambiental”, canceló Barrancones. El comprador de Dominga —el proyecto minero y portuario en cuestión— fue un empresario amigo del presidente de Chile, que busca instalarlo a unos 30 kilómetros de la reserva marina. Por la misma causa Piñera enfrenta una investigación en curso del Servicio de Impuesto Internos y una acusación constitucional que será formaliza por un grupo de diputados de la oposición de centroizquierda la próxima semana. Piñera afirmó a inicios de semana que los hechos contenidos en la investigación periodística eran conocidos, que fueron investigados por un fiscal en 2017 y que lo sobreseyó definitivamente. “No me fue consultada ni informada” la venta, dijo. El mandatario alude a la compra de parte de la propiedad de una pesquera peruana por una de sus empresas, a fines de 2010 y comienzos de 2011, denunciada por un diputado opositor. El fiscal Manuel Guerra lo sobreseyó porque no comprobó delitos ni la participación del mandatario. “Sin embargo, no hay cosa juzgada” como dicen en el gobierno, porque la arista del proyecto Dominga no fueron investigados, dijo Herrera. Ante una consulta Herrera dijo que es muy precipitado hablar de condenas en la causa por hechos que “pudieran revertir caracteres de delito”. Ante la insistencia de la prensa dijo que el cohecho tiene una condena de cinco años. El primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2010-2014) rechazó el proyecto, pero en agosto último una Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, en el norte de Chile, lo aprobó por mayoría y está pendiente el pronunciamiento de un comité de ministros de Piñera, que se estima que se realizará próximamente tras el escándalo revelado. Piñera deja el poder en marzo de 2022.

-- Con información de Latinus / AP