Netanyahu y sus aliados le han declarado la guerra al poder judicial, al que consideran parte de una elite liberal que no representa el sentir de la nación Nadie puede negar que Benjamin Netanyahu es el político israelí más formidable de los últimos 30 años. Electo por primera vez Primer Ministro en 1996, en su carrera llena de altibajos ha demostrado una muy poco común habilidad para reponerse de derrotas que, para cualquier otro político, hubieran sido definitivas. Así lo comprueba el hecho de que apenas, en diciembre pasado, dio inicio su sexto periodo (no consecutivo) como jefe de gobierno, en medio de tres procesos judiciales en su contra. Siempre representando a la derecha dura israelí, Netanyahu tuvo que recurrir en esta última ocasión a los partidos más extremistas y ultra religiosos, sin los cuales no podría conservar su mayoría parlamentaria. Este es, por consecuencia, el gobierno más derechista en la historia del Estado de Israel, con todo lo que eso implica para sus vecinos, para la población palestina en Israel y los territorios ocupados, y para los valores, libertades y derechos de sus propios ciudadanos. Netanyahu y sus aliados le han declarado la guerra al poder judicial, al que consideran parte de una elite liberal que no representa el  “sentir de la nación”, como si ellos sí lo hicieran. La coalición gobernante tiene una estrecha mayoría en la Knesset o parlamento, pero en un Israel profundamente dividido en temas políticos y religiosos cada quien se atribuye lo que puede. Y cómo sus aliados condicionaron su apoyo a la reforma a un poder judicial que lo tiene en jaque con acusaciones de corrupción, el Primer Ministro procedió gustoso. Sólo que esta vez Netanyahu parece haber calculado mal sus propios alcances: desde que presentó formalmente la propuesta los israelíes han salido masivamente a las calles a exigir se retracte, el poder judicial ha protestado enérgicamente y hasta el tradicionalmente apolítico presidente Isaac Herzog se ha pronunciado en contra. Más impactante aún, muchos reservistas de las fuerzas armadas anunciaron que no atenderán sus llamados si la reforma se aprueba, el ministro de defensa expresó su preocupación al respecto, lo que le valió ser cesado ipso facto, y los sindicatos iniciaron una huelga general, que fue la gota que derramó el vaso. La propuesta de reforma contempla tres aspectos que afectarían gravemente el equilibrio de poderes: 1. Debilita a la Suprema Corte, cuyas objeciones o anulaciones a cualquier ley pueden ser rechazadas por mayoría simple del parlamento. 2. Daría el control al gobierno del comité que designa magistrados, incluidos los del tribunal supremo. 3. Quita al Procurador o Abogado General la autoridad para destituir al Primer Ministro por incapacidad moral y resta facultades a los consejeros legales de los ministerios de estado. Ayer lunes, Netanyahu anunció una pausa para la negociación política mientras que acusó veladamente a los opositores de promover una guerra civil y la ruptura de la nación. Con ese tono, difícilmente logrará conciliar posturas, y solo tratará de ganar tiempo. Tiempo que tal vez ahora sí se le esté agotando. 

POR GABRIEL GUERRA

COLABORADOR

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