Las sentencias suspendidas parecen haber devenido dernier cri en el sistema francés de impartición de justicia: tras la que el Tribunal Judicial de París impusiera por malversación de fondos a la líder de derecha radical Marine Le Pen –tres años de condena a una prisión que no pisará, lo que no le impide seguir haciendo uso patrimonial de recursos públicos pero en cambio frena sus aspiraciones presidenciales– llega la que la misma instancia prodiga por agresiones sexuales al actor Gérard Depardieu: 18 meses de cárcel que tampoco purgará, más una suspensión de sus derechos civiles por dos años y su inscripción en el registro de infractores sexuales. Depardieu es acusado de haber hecho proposiciones sexuales y prodigado tocamientos no consentidos a una colega, así como de haber propinado una nalgada igualmente indeseada a otra, durante el rodaje de una película en 2022. El actor niega ambas acusaciones. Uno puede creer lo dicho por una u otra parte –no disponemos sino de la palabra de los interesados para forjar nuestro criterio– y aun determinar si juzga los actos de marras juego inocente, majadería reprehensible pero no punible, agresión o de plano abuso sexual. Todas las posibilidades comparten una constante: en cada caso, la sentencia resulta no sólo espectacularmente inapropiada sino lesiva de la dignidad humana. Si Depardieu es un abusador sexual, la resolución judicial nada hace por retirarlo de la circulación ni por rehabilitarlo, deja expuestas a miles de mujeres en platós, locaciones y calles de todo el mundo a los actos de un potencial agresor. Si, en cambio, es un mero maleducado, irritante pero inofensivo, o incluso una víctima de calumnia, la sentencia le inflige un desprestigio difícilmente reversible, que no puede sino minar su vida personal y profesional y su equilibrio psicológico. He aquí una justicia dedicada no a la sociedad sino a la galería, encarnada por las redes sociales: una que no previene y no repara, nomás alimenta el mame. México no se queda atrás cuando el mismo día los Juzgados de Control y Juicio Oral de Puente Grande, Jalisco, vincularan a proceso a los integrantes del grupo musical Los Alegres del Barranco, así como a su promotor y a su representante, no por una presunta asociación delictiva que acaso valga investigar –cabe preguntarse si medió relación comercial o laboral con el Cártel Jalisco Nueva Generación para la composición y ejecución de la canción “El dueño del palenque” y la proyección del video asociado– sino por ”apología del delito”, es decir por haber cantado lo que cantaron y proyectado lo que proyectaron. El matiz no es menor cuando abre la puerta a la censura. Investigar a un artista por sus negocios es válido en una democracia, juzgarlo por lo que expresa –por pernicioso que resulte– no. POR NICOLÁS ALVARADO