La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la interrupción del embarazo, establece obligaciones para los jueces –todas las jurisdicciones del país– de no sancionar en lo penal a ninguna mujer por haber tomado la decisión de abortar, afirmó el ministro de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, al dar su punto de vista sobre el caso de Jalisco.

Dijo que lo anterior puede influir para que se realicen los cambios correspondientes en las legislaturas locales y se deje de criminalizar a una mujer por decidir abortar. Sin embargo, explicó que la Corte no impone directamente una obligación al Legislativo para hacerlo, y grupos a favor tendrán que seguir trabajando y abundando al respecto, explicó.

De manera previa, la diputada Mara Robles, quien fungió como moderadora en el panel “Derecho a decidir” en FIL Pensamiento, expuso que los diputados locales Enrique Velázquez, Susana de la Rosa y ella propusieron al Congreso del Estado armonizar el criterio de la corte con la legislación local en cuanto al aborto.

Como antecedente, en septiembre de este año la SCJN dictaminó inconstitucional el penalizar el aborto, y reconoció a las mujeres con su derecho a decidir si quieren ser madres o no.

Los ministros del pleno de la SCJN invalidaron el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que indicaba prisión para mujeres que voluntariamente abortaran. Si bien la decisión de la Corte es para una normatividad del estado norteño mencionado, su alcance es de aplicación general, ya que sienta jurisprudencia en todo el país.

“La realidad es que somos sólo tres diputados que estamos con la lucha decidida en Jalisco, y aquí se combinan todas las derechas posibles, en todos los diferentes partidos. Y sigue el párrafo en el artículo cuarto constitucional del Estado que dice que se garantizará el derecho a la vida desde la concepción, y se niegan a retirarlo y armonizar la Ley de Salud y el Código Penal”, expresó Mara Robles.

La ministra Ana Margarita Ríos Farjat destacó que ya no hay penalización del aborto. Lo que queda es la homologación con el criterio de la SCJN. El derecho de la mujer a ser madre o no serlo está reconocido, y destacó la importancia de que los servicios médicos sean brindados para las mujeres que deciden.

Martha Tagle Martínez, quien fue diputada federal en dos legislaturas, manifestó su preocupación de que se pueda perseguir penalmente a las mujeres. Agregó que la Ciudad de México es la segunda entidad con más personas en prisión por el delito de aborto, a pesar de haber sido la primera en la interrupción legal del embarazo. “Entonces, tenemos una discusión pendiente al respecto”, subrayó.