La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) informó este jueves que organizará un evento paralelo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se abordará la independencia judicial en México. En un comunicado, la Jufed detalló que dicho evento se realizará el próximo 10 de septiembre. La asociación contrató una asesoría que incluye acciones internacionales para poder detener o mitigar la reforma al Poder Judicial que es impulsada por el gobierno federal y será discutida en el Congreso en septiembre, “pero no incluye la interposición de los casos individuales ante instancias internacionales”. Recordó que se solicitaron medidas cautelares ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que revise el cumplimiento con los requisitos del artículo 25 del Reglamento de la Corte, en donde están la individualización de las personas afectadas y la inminencia de actos de amenazas irreparables a las personas. “Para esos efectos, Jufed estuvo tratando de identificar casos concretos desde el mes de octubre pasado (...), pero no se logró esa identificación", señaló. Ante la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial, la Jufed informó que ampliará la solicitud de medidas cautelares ya planteadas. “En el caso de medidas provisionales ante el Comité de Derechos Humanos, el artículo 94 de su reglamento no permite solicitar esas medidas si no existe antes registrado un caso”, sostuvo la Jufed Desde la semana pasada, integrantes del Poder Judicial comenzaron un paro de labores y después se unieron jueces y magistrados de la Jufed, para rechazar la reforma que plantea la elección de juzgadores por el voto popular, punto que ha sido criticado por el embajador de Estados Unidos en México. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

El 21 de agosto, CIDH dio entrada a la petición de activar el artículo 41 de dicho ente, mecanismo que consiste en que el Estado presente —de manera confidencial— el proyecto de ley, política pública o cualquier acto que podría afectar regresivamente los derechos humanos, y este deberá ser mitigado o adecuado a estándares interamericanos. Con información de Latinus