México ha sido testigo de un proceso acelerado de transformación política y social, impulsado por un discurso de "justicia social" que, lejos de cumplir su promesa de equidad y progreso, parece estar sirviendo como un pretexto para consolidar el poder a costa del deterioro institucional y la erosión de los principios democráticos fundamentales.
Las reformas emprendidas por el gobierno federal, bajo el amparo de la justicia social, han llevado a la eliminación o debilitamiento de varias instituciones autónomas que históricamente han fungido como pilares de la democracia y el estado de derecho. Instituciones como el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) no solo garantizaban la transparencia y la evaluación objetiva de las políticas públicas, sino que también representaban una salvaguarda contra los excesos del poder ejecutivo. Su eliminación o la reubicación de sus funciones dentro del aparato gubernamental centralizado no es solo un golpe a la institucionalidad, sino un ataque directo a la cultura democrática que, con todas sus imperfecciones, había logrado establecer ciertos mecanismos de rendición de cuentas y equilibrio de poderes.
El concepto de justicia social, originalmente concebido como una forma de corregir las desigualdades inherentes en la sociedad, se ha convertido, en manos del actual gobierno, en una herramienta para legitimar acciones que poco tienen que ver con la equidad y mucho con la concentración de poder. Esta narrativa ha comenzado a enraizar un discurso de resentimiento y venganza, donde los supuestos "enemigos del pueblo" –en este caso, las élites económicas, las instituciones autónomas, y aquellos que defienden la democracia liberal– son culpabilizados de todos los males sociales. Este discurso ha resonado fuertemente en una mayoría ruidosa, pero a menudo mal informada, que, alentada por promesas populistas, ha respaldado un proyecto que amenaza con erosionar las bases mismas de nuestra incipiente democracia.
La centralización del poder y la eliminación de contrapesos institucionales han sido presentadas como medidas necesarias para corregir las injusticias históricas. Sin embargo, esta lógica ignora que las instituciones autónomas son precisamente las que han permitido que México mantenga un mínimo andamiaje democrático en medio de contextos adversos. Al debilitar estas instituciones, el gobierno está socavando las bases que permiten la coexistencia pacífica y democrática de diferentes sectores sociales y políticos.
Este panorama ha creado las condiciones para un viraje hacia una dictadura de una mayoría ruidosa, impulsada por un discurso que apela a sus emociones más básicas, lo que la convierte en el instrumento de legitimación para un gobierno que, en lugar de buscar el consenso y la inclusión, opta por la imposición de su visión de país. El peligro de este enfoque radica en que, al eliminar las voces disidentes y los contrapesos institucionales, se abre la puerta a un régimen autoritario disfrazado de democracia participativa.
La indiferencia y la ignorancia de esta mayoría ruidosa, alentada por un discurso populista, permiten que el gobierno avance en su agenda sin cuestionamientos significativos. En este contexto, la educación juega un papel crucial, ya que un sistema educativo debilitado y cooptado por el gobierno facilita la perpetuación de un electorado que carece de las herramientas necesarias para cuestionar y exigir cuentas. Aquí radica uno de los mayores peligros: la creación de una ciudadanía pasiva y conformista que acepta sin reservas las decisiones del gobierno, sin comprender las implicaciones a largo plazo de un sistema político con pilares democráticos.
La eliminación de mecanismos de evaluación independientes, como la reubicación de funciones de la MEJOREDU (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación), ha resultado en un sistema educativo que carece de estándares claros y objetivos. Esto ha conducido a un deterioro en los aprendizajes fundamentales, ya que las escuelas y los docentes ya no están sujetos a una evaluación rigurosa que garantice la calidad de la educación.
Los aprendizajes fundamentales, como la lectura, la escritura, y el pensamiento crítico, son la base sobre la cual se construye la capacidad de los individuos para participar plenamente en la sociedad y la economía. Sin embargo, al eliminar estos factores el gobierno está comprometiendo la capacidad de los estudiantes para adquirir estas habilidades esenciales. Esto no solo afecta su desempeño académico, sino que también tiene consecuencias a largo plazo en su capacidad para ser ciudadanos informados y activos.
Además tiene un impacto directo en la productividad futura de los jóvenes. Un sistema educativo que no garantiza la adquisición de habilidades básicas está condenando a las futuras generaciones a una vida de limitaciones económicas y sociales. La productividad de un país depende en gran medida de la educación de su fuerza laboral; cuando esta educación es deficiente, la capacidad del país para competir en una economía global se ve gravemente comprometida.
Además, la politización de la educación, que se ha intensificado bajo el actual gobierno, ha llevado a un sistema donde la ideología prevalece sobre la ciencia y el conocimiento. Esto no solo limita las oportunidades de los jóvenes para desarrollar sus talentos, sino que también crea un entorno donde la innovación y el progreso son reemplazados por la conformidad y el estancamiento. En un mundo cada vez más competitivo y tecnológico, esta es una receta, ya comprobada, para el fracaso.
El concepto de justicia social ha sido cooptado por el gobierno mexicano para avanzar en una agenda política que socava las bases de la democracia y compromete el futuro del país. Al eliminar instituciones autónomas y debilitar el sistema educativo, el gobierno está consolidando un modelo de gobierno que se asemeja más a una dictadura de mayoría que a una democracia inclusiva y plural. Las consecuencias de este viraje son profundas y duraderas: un país menos justo, menos productivo y menos democrático.
En este sentido, es fundamental que reconozcamos los peligros que enfrentamos al seguir callando ante la mayoría ruidosa y resentida. Hoy, desde la RESISTENCIA, daremos la batalla de las ideas en campo visitante. No podemos comprometer nuestro futuro y el de nuestros hijos, porque dependen de nuestra capacidad para resistir esta tendencia y luchar por un sistema que incluya a todos y respete la diversidad de opiniones y visiones. Solo así podremos construir un país verdaderamente democrático, donde la educación sea un motor de progreso y no una herramienta de control social para el beneficio de una nueva casta política.
* Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP
Director Ejecutivo en Horizontes de Aprendizaje
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