En mayo se reunió la Comisión Bicamaral que se creó especialmente para analizar la participación de la Fuerza Armada Permanente (FAP comprende al Ejército, Armada y Fuerza Aérea) en auxilio de las instituciones de seguridad pública federales y locales en materia de seguridad pública. Esta comisión surge luego de la aprobación de la última reforma constitucional de noviembre de 2022, que sobre todo permite al Presidente disponer de la FAP en tareas de seguridad pública, mientras que la Guardia Nacional logra desarrollar su estructura, capacidades e implementación territorial. Este órgano parlamentario nació con mucha fuerza porque lo preside el senador Ricardo Monreal y porque algunos legisladores de oposición, con fuerte presencia en la opinión pública, han insistido en su viva operación como Emilio Álvarez Icaza. También, entre las reformas constitucionales se establece que cada semestre el Presidente de la República tiene que enviar un informe sobre la participación de la FAP en esta materia y lo debe poner a consideración de esta comisión legislativa. En un importante ejercicio republicano, esta comisión llamó a comparecer a los titulares de las secretarías de Sedena, Semar y SSPC para que presentaran su primer informe. Dos semanas antes convocó a un grupo de especialistas para conocer su opinión respecto a los indicadores cuantificables y verificables que debe contener el informe del Ejecutivo Federal. En este sentido, el informe recoge la gran mayoría de las propuestas que planteamos un grupo de académicos e integrantes de la sociedad civil. Este reporte no sólo expone los datos de la actividad delictiva del país, sino también señalan los resultados para atender riesgos muy importantes en contra de la seguridad y la paz como el combate al tráfico de drogas, armas, robo de combustibles y protección de infraestructura estratégica. Este informe incluye por supuesto la estadística del Inegi, que confirma que la Armada cuenta con 89.6% de percepción de confianza por parte de la población, en tanto que el Ejército mexicano cuenta con un nivel de percepción de confianza de 87.1%. Este alto nivel de percepción es la envidia de todas las instituciones políticas y sociales del país. Por ejemplo, las policías estatales tienen 56% de confianza y las municipales sólo un 52%. También destaca que se presenta de manera oficial un índice de letalidad que mide el número de agresiones en contra de la FAP, así como los datos de civiles fallecidos, heridos y detenidos. El diálogo con legisladores con la secretaria civil, Rosa Icela Rodríguez, y los secretarios militares Luis Crescencio Sandoval y José Rafael Ojeda, así como con académicos y especialistas de organizaciones sociales es un paso fundamental para reducir las brechas de conocimiento entre instituciones civiles y militares. El balance general de estas dos reuniones fue positivo. El informe presentado cumple las expectativas de información que requiere el Congreso para realizar sus funciones constitucionales. POR GERARDO RODRÍGUEZ.