Desde 1917 hasta la fecha, nuestra Constitución ha sido reformada en 763 ocasiones, a través de más de 250 decretos aprobados por las Cámaras de Diputados y de Senadores, haciendo de la Constitución Política de México una de las más reformadas en todo el mundo, de acuerdo con los registros del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.   En 2022, al menos se tienen planteadas otras tres nuevas modificaciones constitucionales: la primera es relativa a la reforma eléctrica que pretende reforzar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).   La segunda es una reforma electoral que pretende renovar el Instituto Nacional Electoral (INE), y la tercera supone la integración de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el objetivo de  culminar con la militarización de los cuerpos policiacos.   Cada gobierno en turno plantea cambios constitucionales para emprender las reformas que a su juicio son necesarias para el desarrollo del país.   Así, por ejemplo, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de acuerdos entre los partidos mayoritarios en ese entonces: PRI, PAN y PRD, en el llamado Pacto por México, se reformó la Carta Magna, para realizar, entre otras enmiendas constitucionales, la Energética, de Telecomunicaciones, Hacendaria, Laboral y la Educativa, esta última derogada en el actual sexenio.   EN UN SIGLO, LA CONSTITUCIÓN MÁS ROBUSTA   En un siglo, de 1917 a 2018, es decir a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Constitución fue reformada en 707 ocasiones, a través de 233 decretos aprobados por el Congreso de la Unión, según el registro del IBD en el estudio Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el informe se apuntó que, contrario a lo que sucede en otras democracias, las reformas constitucionales en México, más que una excepción, han sido una constante.  Menciona como ejemplos que la Constitución de los Estados Unidos, promulgada en 1787, ha tenido sólo 27 enmiendas en 231 años; la Constitución española de 1978 ha sido reformada solamente en tres ocasiones y la Constitución de Brasil de 1978 ha sido tocada por 70 decretos de reforma constitucional desde su publicación.   Como resultado de las adiciones y modificaciones al texto constitucional realizadas en el último siglo, el tamaño de la Constitución mexicana creció cinco veces, al pasar de 21 mil 382 palabras a las 111 mil 783, incluyendo los artículos transitorios, según el seguimiento del IBD.   Los artículos constitucionales con más modificaciones han sido el 73 (facultades del Congreso), el 123 (trabajo), el 27(régimen de propiedad) y el 89 (facultades del Ejecutivo). Tan sólo estos cuatro artículos se han modificado 144 veces, lo que representa el 20% del total de veces que se ha reformado la Constitución.   El documento del IBD explica que las reformas constitucionales son decisiones políticas trascendentales porque suponen cambios en la organización y ejercicio del poder político, la creación de instituciones, el reconocimiento de derechos y la adopción de valores, ideales y principios fundamentales.   De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Mexicana, para modificarla “se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México”.   El artículo 71 establece que “el derecho de iniciar leyes o decretos compete al presidente de la República; a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los estados y la Ciudad de México; y a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes”. CONSTITUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL   De 2018 a la fecha, es decir en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han reformado 55 artículos constitucionales, inicialmente con el fin de dar sustento, principalmente, a la política social de la 4-T, orientada a ampliar los programas sociales.   Contrario a lo que pudiera pensarse, por el encono político en las cámaras legislativas, la reforma que elevó a rango constitucional los programas sociales a favor de los grupos más vulnerables, fue aprobada en el Senado, como cámara revisora, con 121 votos a favor, uno en contra y una abstención.   El dictamen reformó el artículo 4 de la Constitución para garantizar la extensión progresiva de seguridad social para la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad.   Creó un sistema nacional de salud para personas que no cuentan con acceso a la seguridad social y tuvo como finalidad asegurar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de este sector poblacional.   Establece además que el Estado garantizará el apoyo económico a personas con discapacidad permanente, priorizando a adultos mayores de 65 años y más, a menores de 18 años, indígenas, afromexicanos, y aquellos en condición de pobreza.   Entre otras reformas constitucionales en el actual sexenio, destaca la del Artículo 28 constitucional para prohibir la condonación de impuestos y la reforma de los artículos 116 y 127 de la Constitución y extender a todos los organismos e instituciones del Estado mexicano la política del presidente López Obrador en materia de remuneraciones de los servidores públicos.   También está la reforma a los artículos 108 y 111 constitucionales, por la cual se precisan las causas de acusación al presidente de la República durante el tiempo de su encargo, pues, además de la traición a la patria y los delitos graves, se agregan, como causas para enjuiciar al primer mandatario, actos de corrupción y delitos electorales.   GUARDIA NACIONAL Y REVOCACIÓN DE MANDATO 

La primera reforma constitucional del actual sexenio fue la relativa a la derogación de la reforma educativa del anterior sexenio para revertir y corregir los cambios introducidos en la materia a propuesta del presidente Peña Nieto en 2013, principalmente sus aspectos “punitivos” en contra de los maestros.  Otras dos reformas constitucionales en el primer año del gobierno del presidente López Obrador fueron la que crea la Guardia Nacional y la relativa a la consulta popular y la revocación de mandato.  La reforma constitucional de la Guardia Nacional la define como una institución policial de carácter civil de la Federación, cuyos fines, además de los estipulados en el párrafo noveno del artículo 21, incluyen la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación, en coordinación y colaboración con las entidades federativas.  El texto constitucional adicionado en el primer tramo del actual gobierno dispone que la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.  La enmienda constitucional sobre la revocación de mandato corresponde a la visión del primer mandatario sobre la participación ciudadana y se trata de un ejercicio al cual ya se sometió él mismo durante su encargo como jefe de Gobierno del Distrito Federal.   Así, ahora en la Constitución está prevista la revocación del mandato del Presidente de la República, por una sola vez, dentro de los tres meses siguientes a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. La Constitución ordena asimismo que quede prevista para los cargos de gobernador y de jefe de Gobierno, en la Constitución local respectiva.   También se aprobó en el primer tramo de este gobierno, la reforma que amplía la llamada “paridad de género” a las candidaturas para integrar las cámaras de diputados y senadores y demás cargos de elección popular y, conforme la ley, a la titularidad de las secretarías de los poderes ejecutivos de la Federación y de las entidades federativas, así como a la integración del Poder Judicial y de los órganos constitucionales autónomos.   LAS QUE VIENEN Las reformas constitucionales que el partido mayoritario, Morena, impulsa para 2022 y que requerirán el consenso de PAN y PRI, para alcanzar los dos tercios de los legisladores para aprobarlas, son las relativas a la reforma eléctrica, la reforma electoral y nuevamente otra sobre la Guardia Nacional.  La reforma eléctrica promueve al Estado como agente preponderante del desarrollo en sustitución del mercado. De aprobarse, el gobierno estará en condiciones de controlar el proceso de generación y distribución de energía eléctrica para el movimiento de toda la economía nacional.  La reforma electoral busca replantear el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de hacer menos costosa la democracia en México y replantear el funcionamiento de la autoridad electoral a fin de que no sea un ente autónomo y dependa, bien del Poder Judicial en su totalidad o del Ejecutivo federal. Y nuevamente se ha planteado una segunda reforma constitucional en el actual sexenio a la Guardia Nacional, a fin de que esta ya no esté adscrita a la SSPC y pase a depender de la Sedena, con lo cual ésta tendría todo el control de la Seguridad Pública, la Seguridad Interior y la Seguridad Nacional. CON LÓPEZ OBRADOR, 18 REFORMAS La Constitución no sólo es el ordenamiento jurídico y político que da sustento al país, también es el instrumento para plasmar el estilo del gobernante en turno. El abogado, catedrático de la UNAM y especialista en la Constitución, Juvenal Lobato, afirmó que el primer trienio del actual gobierno no ha escapado a esa inercia y ha generado un paquete de reformas que incluye los temas de bienestar social, combate a la corrupción, política fiscal, y seguridad pública, entre otros. A la fecha, el gobierno de López Obrador ha generado 18 reformas constitucionales, y las tres siguientes, ya puestas sobre la mesa por el presidente Andrés Manuel López Obrador, avecinan debates ideológicos, álgidos, de pronóstico reservado.

La reforma eléctrica no se trata del abasto de energía, sino de cambiar el paradigma del mercado, de privilegiar la rectoría del Estado en materia económica, puntualizó Lobato. El tema de fondo en el debate de la reforma eléctrica es una posición ideológica de este gobierno con los gobiernos anteriores, ahí va a ser más convencimiento, un trabajo político. Tardamos mucho también para temas vinculados con la competencia económica paraque de un plumazo se pueda echar al traste”, puntualizó Lobato. La reforma respecto a los organismos autónomos plantea devolver al estado la rectoría en materia electoral que costó décadas a los partidos políticos, la sociedad civil y la academia, arrancar de la esfera del poder para generar organismos autónomos como el INE. Tal vez sea uno de los riesgos más grandes que se vive en materia legislativa, donde se espera que los debates sean los más duros, adelantó el académico. En el tema de los organismos autónomos y concretamente el INE, me parece que estamos o yo lo veo de manera muy preocupante. No estamos en un país para regresar a situaciones en la que se concentraba el poder. Ésa es mi mayor preocupación. Que el hecho de desaparecer órganos autónomos se traduzca en darle un mayor poder central al Presidente de la República y eso me parece es muy delicado. Tardamos mucho en tener un INE para bien o para mal”, sentenció el académico. La tercera reforma pendiente será la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena, donde la oposición ha adelantado su rechazo. En la víspera del 105 aniversario de la Constitución, Lobato aseguró que se trata de un documento perfectible, maleable, que se reconfigura cada sexenio para generar un nuevo proyecto de nación. -Arturo Páramo --

Con información de Excélsior