Para quienes han estado en el centro del debate sobre la Reforma Judicial y la elección de jueces, magistrados y ministros, varios miembros de la Suprema Corte actúan más por capricho y venganza que por la verdadera defensa del Estado de Derecho.

Esto no es una idea de la comentocracia. Lo dicen protagonistas de esta peculiar historia, quienes han vivido en carne propia capítulos de llanto y rabietas de representantes de primera línea del Poder Judicial.

No son metáforas. Las escenas son reales, pero se reservan los nombres de los protagonistas, por decoro y decencia.

Lo cierto es que la falta de reglas claras y la existencia de lagunas legales dejaron mucho a la interpretación de ministros, magistrados y legisladores.

Pero, más allá de eso, desde la Corte hicieron todo para boicotear la reforma y el proceso electoral del 1 de junio.

De eso da fe un alto funcionario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a quien le tocó lidiar y debatir con las y los ministros de la Corte en varias de las controversias que se han presentado antes, durante y después de la reforma.

Es algo en lo que coinciden algunas y algunos magistrados, quienes dicen con toda certeza que la Corte actúa como juez y parte e hizo todo para impedir que el proceso avanzara.

Mandaron a jueces de distrito, por ejemplo, a que emitieran suspensiones y amparos contra decisiones del INE y del Tribunal, cuando hay casos en los que las resoluciones son inatacables, porque son la última instancia para resolver controversias en materia electoral.

Por otro lado, la Suprema Corte tuvo en sus manos la posibilidad de echar atrás la reforma y, en su momento, no logró los votos suficientes para hacerlo.

Eso no fue todo: el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se fue a burlar de la reforma en el extranjero y, en una de las últimas sesiones, ridiculizó la actuación del TEPJF.

No fue el único. La ministra presidenta Norma Piña se quejó, en público y en privado, y hasta marchó para expresar su inconformidad. Mientras que el ministro Mario Pardo Rebolledo también se afirma como activista.

En ese contexto, muchas de sus decisiones, como la “disolución” del Comité de Evaluación del Poder Judicial y la imposición de reglas muy estrictas para quienes aspiraban a ser jueces, magistrados o ministros, dejaron ver que no estaban de acuerdo y que era más cómodo asumir el papel de víctimas, como si el máximo tribunal del país fuera una sala de despecho.

Hubo reuniones en el templo de la justicia con escenas infantiles, ataques de histeria, gritos y llanto, mucho llanto.

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“HECHO EN MÉXICO” es el nombre de la campaña que lanzó el gobierno de Claudia Sheinbaum para impulsar el consumo de productos nacionales, como parte de una estrategia para reforzar nuestra identidad como nación pero, sobre todo, para hacer frente a las amenazas arancelarias de Donald Trump.

El gobierno busca que los mexicanos consumamos más productos hechos en México que importados, siguiendo el ejemplo de otras economías que priorizan su producción local, como la de Canadá, donde promueven el consumo de jarabe de arce local frente al producido en EU.

Para esta campaña, el gobierno logró el respaldo de poco más de 150 empresas y, en los próximos días, varios productos, como la cerveza, tendrán el sello del águila con la leyenda “Hecho en México”. Además, algunas tiendas de autoservicio tendrán pasillos con anaqueles dedicados a productos 100% mexicanos.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Cuando el despecho se sobrepone al derecho, parece que en lugar de ministros, lo que tenemos son dramaturgos escribiendo una tragedia judicial”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

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@ALFREDOLEZ