Luigi Ferrajoli, quien ha elaborado una de las principales teorías del Derecho en el siglo XXI, conocida como el garantismo –la cual ha sido reinterpretada convenientemente sólo para la retórica política–, tiene como punto de partida una serie de crisis o problemas generalizados que vulneran las bases y cimientos del Estado de Derecho y de la democracia.

Así, el profesor florentino menciona que hay crisis en tres grandes rubros: en el de la legalidad, en el del Estado de bienestar –el Welfare State, como el propio autor lo denomina haciendo alusión a la tradición británica de finales del siglo XIX–, y en el del Estado nacional.

Nos detendremos en la primera de estas crisis, la de la legalidad. Dicha crisis mantiene varias y diversas aristas. Por ejemplo, el retroceso del Estado constitucional a un Estado legalista –o, mejor dicho, legaloide– en el que se enarbola una especie de supremacía legislativa frente a la supremacía de la Constitución.

Pero de todas esas variables de la crisis de legalidad, existe una que consiste en la falta de respeto a las reglas jurídicas establecidas. Sobre todo, en aquellos casos en que los participantes de la creación reguladora desconocen sus propias paternidades legislativas o, aquellos escenarios en el que los protagonistas que participan en un proceso –electoral, por ejemplo– y que deben ajustarse a las normas que rigen las vulneran flagrantemente.

Un total sin sentido. Mientras algunos reniegan de las leyes que han prohijado, otros se sienten incómodos con las reglas que deberían respetar. Los primeros reniegan con dolo o lo que es peor, por ignorancia de lo que aprueban. Los segundos rechazan las normas para sentirse más holgados en un traje a la medida.

Ya no hay diferencia entre quienes cumplen lo mandatado y los que olímpicamente desoyen la voz del Derecho. En este proceso electoral para ocupar cientos de cargos judiciales hemos atestiguado cómo esta variante de la crisis de legalidad se ha hecho patente.

La legislación que procreó dicho proceso impide que los poderes públicos promocionen a candidatos; asimismo, que los candidatos no pueden hacer grandes manifestaciones de arenga electoral.

Unos se quejan de los candados que ellos mismos crearon, otros se hacen ignotos de las reglas, pero ambos quieren impugnar y desacreditar el marco normativo para una supuesta elección competitiva, legítima y democrática.

Enrique Santos Discépolo ya expresaba en su célebre composición Cambalache el desencanto de una realidad brutal: “hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro o estafador; todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor”.

POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA