Ni defensores ni detractores han alcanzado a ver los efectos reales que tendrá la reforma al Poder Judicial de la Federación. Su implementación, con leyes y procesos incompletos, confusos y contradictorios, implicará un retroceso en la aplicación de la justicia en México. Hay un rezago histórico: más de un millón y medio de asuntos legales sin resolver y miles de personas con años en la cárcel, sin haber recibido una sentencia, son el ejemplo de lo mal que estamos. Llevamos poco más de una década intentando implementar un nuevo Sistema de Justicia Penal y llegó la reforma de López Obrador, en gran parte por un capricho personal y en otra por la mala administración y gestión de jueces, ministros y magistrados. Pero más allá de eso, Morena y sus aliados giraron las manecillas de reloj en sentido opuesto. Como los cangrejos, vamos para atrás. Desaparecieron las salas y tribunales. Lo que antes tenían que resolver tres o cuatro instancias, hoy estará en manos de una y nadie ha dicho cómo vamos salir de ese embrollo. Diputados y senadores andan en la grilla, dando traspiés, intentando domar a un monstruo de mil cabezas que acaba de nacer. En una primera etapa, echaron a la calle a poco más de 400 jueces y magistrados con décadas de experiencia. Pero no fue por sus malos antecedentes (como se dijo para justificar la reforma) sus plazas fueron sorteadas en una tómbola. De todo eso hablan los medios de comunicación, la comentocracia y el círculo rojo, pero poco se habla de los efectos que eso tendrá para Juan Pueblo. Tan sólo en el ámbito de la justicia que depende de instancias federales, en 2024, los titulares de 932 órganos judiciales recibieron un millón 658 mil 209 asuntos. Pero muchos de esos casos están vinculados con carpetas del fuero común. Es aquí donde la necia realidad muestra su rostro. De acuerdo con el reporte más reciente del INEGI, al cierre de 2023, en los ámbitos estatal y federal, la población privada de la libertad/internada se conformó por 233 mil 277 personas: 94.3%, hombres y 5.7%, mujeres. Y en promedio, 37.3% de las personas internas no contó con una sentencia: para las mujeres este porcentaje fue de 46.9%, y para los hombres de 36.7%. Y del total de la población sin sentencia, 44.3% se encontró en prisión preventiva oficiosa. Lo que dejan ver estos datos fríos y duros es que el problema no son 11 ministros ni más de mil 700 jueces y magistrados que conforman el Poder Judicial. El problema radica en que, desde hace tres sexenios, se trató de implementar un nuevo sistema de justicia penal, incluidos los juicios orales, y es fecha en la que no se termina de materializar. Y mientras diputados y senadores del partido oficial y aliados buscan darle forma a un bodrio que surgió de un capricho personal, miles de hombres y mujeres esperan que la “cuarta transformación” les haga justicia. *** EN LA SUPREMA CORTE existe la certeza de que las ministras Norma Piña y Margarita Ríos, así como sus compañeros Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez, Alberto Pérez, Javier Láynez y Juan Luis González dejarán sus cargos hasta que lleguen los nuevos impartidores de justicia que surjan de la elección. Ninguno se irá antes de tiempo; sin embargo, tendrán que presentar su renuncia con fecha del próximo año. ¿Cuándo lo harán? Todavía no se sabe. Pero debe ser antes de que cierre la convocatoria para el proceso de elección. Quienes ya decidieron participar son las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. *** Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La justicia es ciega, pero parece que a veces también tiene un oído sordo para los argumentos”. POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

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