Pocas frases describen mejor el estado actual de la democracia mexicana que aquella que advierte: "la ignorancia es el mayor enemigo de la libertad". A tan solo unas décadas de haber apostado por procesos electorales con mayor transparencia, legitimidad y pluralidad, pareciera que hoy el país ha decidido olvidar todo ese esfuerzo. El sistema electoral, tan alabado en su momento, se encuentra cercado por el poder político, una ciudadanía apática y partidos políticos que han sustituido la razón por la manipulación. No es alarmismo: es diagnóstico. El país vota, sí, pero vota sin pensar, sin información suficiente, sin opciones reales y, en muchos casos, sin libertad.

Primero, está el desinterés ciudadano. Los niveles de abstencionismo se han mantenido altos en elecciones intermedias y, si bien las presidenciales generan mayor participación, esta no siempre se acompaña de un voto informado. Datos del INE revelan que en 2021 la participación fue del 52.6%, lo que significa que casi la mitad del padrón decidió no ejercer su derecho o no encontró razones para hacerlo. El problema es que la educación cívica ha desaparecido del debate nacional, y se ha sustituido por una narrativa de polarización donde el ciudadano se convierte en espectador pasivo o en masa manipulable.

A este panorama se suma la pobreza informativa sobre los candidatos a la elección del Poder Judicial. No se conocen sus trayectorias, no se analizan sus propuestas, ni se confrontan sus contradicciones. La estrategia del oficialismo ha sido clara: invisibilizar a los contendientes, saturar con propaganda sin contenido y desincentivar el debate público. Las redes sociales, en lugar de ser plataformas para el diálogo, han sido invadidas por campañas de desinformación, mientras los medios tradicionales muchas veces actúan como reproductores de líneas discursivas oficiales, sin contrastar datos ni exigir rendición de cuentas.

La tercera evidencia es aún más preocupante: el acarreo de votantes. En poblaciones o comunidades marginadas, incluso en zonas urbanas, las prácticas de coacción y clientelismo siguen vigentes. Testimonios y videos circulan cada jornada electoral mostrando cómo se organizan traslados, cómo se entregan "apoyos" a cambio de votos y cómo los partidos se apropian del sufragio popular como si se tratara de una mercancía. Esta corrupción del voto ha sido naturalizada, y hemos sido incapaz de frenarla. Lo peor es que muchas veces se encubre bajo la narrativa de "beneficios sociales" o "organización comunitaria".

A esta distorsión se suma una práctica escandalosa: el uso de acordones pre rellenados. Varias denuncias recientes, en San Luis Potosí, dan cuenta de cómo los partidos entregan instructivos o boletas ya marcadas, vulnerando el carácter libre y secreto del voto. Esta táctica, combinada con la ignorancia y la presión social, configura una maquinaria que reproduce el poder sin que medie realmente una voluntad ciudadana auténtica.

Todas estas evidencias no solo contaminan el proceso electoral: construyen un sistema de legitimación artificial que puede habilitar reformas profundas sin el respaldo real de la ciudadanía. La amenaza de una reforma electoral que concentre el conteo de votos en una sola instancia subordinada al poder presidencial es real. La trampa está servida. La primera jugada es coptar al poder judicial, debilitar al árbitro electoral y luego legitimar, mediante una elección manipulada, los cambios que permitirían controlar todo el aparato democrático desde un solo centro de poder. Es la dictadura perfecta 4.0: una versión sofisticada y modernizada de lo que ya vivimos en el siglo XX.

Ante este panorama sombrío, el discurso crítico no debe quedarse en la denuncia. Es indispensable construir una propuesta integral de largo plazo. Y esta propuesta pasa, ineludiblemente, por una revolución educativa y cultural. Urge colocar en el centro del debate público la alfabetización política. La ciudadanía debe aprender a distinguir entre propaganda y propuesta, entre simulación y política pública, entre interés colectivo y manipulación partidista. Desde la escuela básica hasta la universidad, el sistema educativo debe integrar contenidos que fomenten el pensamiento crítico, el análisis de contexto y el ejercicio responsable de los derechos políticos. Es decir, todo lo que deja fuera la Nueva Escuela Mexicana.

Pero no solo se trata de contenidos escolares. La sociedad civil, los medios, las organizaciones comunitarias y los propios ciudadanos deben asumir un rol activo. Es necesario recuperar los espacios de deliberación pública, exigir transparencia y rendición de cuentas, y hacer contrapeso frente al uso faccioso de los programas sociales y los recursos públicos. Hay que profesionalizar el voto.

La reconstrucción de la democracia no puede dejarse a la buena voluntad de los partidos. Requiere de instituciones sólidas, de mecanismos de vigilancia ciudadana, y de una ciudadanía que comprenda que votar es solo una parte del compromiso democrático. Es tiempo de que la educación sea reconocida como el mayor antídoto contra la dictadura de la ignorancia. Porque si no educamos, si no informamos, si no organizamos, entonces no nos quejemos de seguir gobernados por aquellos que temen a una ciudadanía pensante.

- - -

* Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP

 Director Ejecutivo en Horizontes de Aprendizaje

 X: @FhernandOziel

 Facebook: @haprendizaje