La movilidad ha pasado de ser un problema por la congestión vehicular, a una estrategia con la pandemia, hoy es un derecho en la ciudad, pero también es una actividad y hasta un servicio debido al uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

En diciembre de 2020, una modificación en el artículo 4 de la Constitución elevó “la movilidad” a derecho fundamental “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”; es decir, es un derecho ya, que debe de ser garantizado por las autoridades, pero ¿a quien le toca?

El artículo 73 constitucional también se modificó y agrega como una de las facultades del Congreso, legislar en materia de movilidad y seguridad vial; en este sentido la idea de movilidad desde la política pública o de responsabilidad de las autoridades, es un tema de vialidad y tránsito. Por su parte, el artículo 115 agrega como una de las facultades de los municipios, formular sus planes en materia de movilidad y seguridad vial.

En mayo de 2022, después de un largo proceso de debate y trabajo entre el Gobierno Federal y el Congreso, se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que especifica un conjunto de atribuciones e instrumentos para determinar las competencias de los tres niveles de gobierno y los poderes legislativo y ejecutivo.

La Ley General de Movilidad en su artículo segundo transitorio señala que las legislaturas estatales contaban con un plazo de 6 meses para armonizar o publicar sus leyes. Después de casi 12 meses, sólo Aguascalientes, Jalisco, Nayarit y Yucatán cuentan con su Ley actualizada, y algunos estados como San Luis Potosí, ni siquiera la tienen, lleva tres Legislaturas en análisis. La Ley también indica que, en el plazo de un año, se debería aprobar la Estrategia Nacional de Movilidad.

El pasado martes, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano convocó a la consulta de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, es un documento que analiza, en términos generales, cómo nos movemos en México, cuánto invertimos y busca definir acciones, indicadores, metas, plazos, responsables y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Los gobiernos de los estados y los municipios deberían haber iniciado su proceso de homologación para generar su propia Ley de movilidad, sus reglamentos, su estrategia, y dejar en claro que le toca a cada uno en sus responsabilidades, sobre todo generar certeza de qué hacemos mara mejorar los trayectos, garantizar la seguridad en las vialidades y sobre todo que se mantenga la calidad de vida; más allá de organizar eventos y pavimentar calles.

Si bien en nuestra zona metropolitana no contamos con una Ley, un pequeño chispazo se generó cuando, a través del apoyo e iniciativa de las sindicaturas, las funciones de movilidad en el municipio de San Luis Potosí se transfirieron a la Secretaría de Seguridad; sin embargo, posteriormente no se avanzó en la creación del consejo municipal de movilidad, y la vialidad no se ha organizado ni siquiera para garantizar la mínima seguridad. La carretera 57, la Avenida Himno Nacional y el Rio Santiago son las vialidades donde 1 de cada 2 días sucede un accidente, son las más peligrosas al grado que convierten a los accidentes en una de las principales causas de mortalidad.

En el resto de los municipios por supuesto, la movilidad no es un tema de política pública, simplemente no nos movemos en este sentido; es decir, la movilidad en cualquier dimensión o forma de entendimiento no es una preocupación municipal, se ha dejado toda la responsabilidad al Gobierno Estatal y al transporte público. Tanto la Ley como ahora la estrategia nacional orientan la movilidad a la responsabilidad de la seguridad vial, pero sí en las instituciones locales el tema no se comprende, poco podemos hacer para resolver el tema.

La Zona Metropolitana se mantiene en alta dinámica de crecimiento, aunque ya menos por consecuencia de la capital que rápidamente pierde liderazgo, el suelo urbano ya es un recurso finito, las empresas transnacionales se localizan en otros municipios como Villa de Reyes, Zaragoza y Santa María del Rio, que ahora comienzan a ocupar un lugar importante en determinar el crecimiento metropolitano, Soledad se está convirtiendo en el “nuevo hermano mayor”.

En esta lógica, ¿a quién le corresponde tomar el liderazgo para atender este importante tema? Tal vez la respuesta no la tenemos aún, pero seguirla dejando de lado, frenará nuestro crecimiento económico.

Mi reconocimiento a los movimientos de ciclistas que se mantienen de manera activa en la preocupación por que se les garantice su derecho, aquellas autoridades excepcionales que recientemente lo han mencionado como un tema urgente de atender, y que además son mujeres, a las personas que cada día literalmente arriesgan su vida al moverse en la ciudad. En nuestra Zona Metropolitana, debería ser ya una Política de Estado, desde los municipios.