En la carrera por quedar bien con ya saben quién, sin pudor alguno Sheinbaum, Marcelo y Monreal salieron a criticar al INE por posponer la consulta para la Revocación del Mandato, sumándose al golpeteo político de la 4T contra una de las más sólidas instituciones de nuestra democracia. En plena época de emergencia sanitaria y el desabasto de medicamentos e insumos médicos, se impone la cordura y el pragmatismo. ¿Para qué hacer una consulta que nos costaría cuatro mil millones de pesos? Esa ya se hizo en 2018 y llevó a López Obrador a un mandato hasta 2024. Este viernes 24 será un día crucial para el diputado con licencia del PT, Mauricio Toledo, porque vence el plazo para que la fiscalía chilena determine si procede o no su extradición a México, donde la autoridad capitalina lo acusa por enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. El desaforado legislador alega ser un perseguido político y quiere enfrentar su proceso en Chile, de donde son originarios sus padres, pero la justicia andina lo considera ciudadano mexicano y a principios de 2022 lo estaría devolviendo a la CDMX, donde también tiene cuentas pendientes con Claudia Sheinbaum, contra quien ejerció violencia política durante la campaña electoral de 2018. Con la consabida justificación de “lo dejamos escapar para no poner en riesgo a personas inocentes”, policías de Culiacán omitieron sus obligaciones y se hicieron de la vista gorda cuando en el interior de un antro, Aureliano Guzmán Araujo, sobrino de El Chapo, fue captado por cámaras de seguridad disparando un arma y apuntando a la cabeza a un individuo, en hechos que dejaron una persona herida, de la cual se desconoce su estado de salud. Este episodio, que parece ser la tónica sexenal de proteger delincuentes con “abrazos, no balazos”, es claramente opuesto a la decisión del Departamento de Estado de EU, que apenas hace unos días retó al Estado mexicano y le puso precio de cinco millones de dólares a la cabeza de cada uno de los cuatro hijos de Joaquín Guzmán. Disfrazado de “aprovechamiento” de la infraestructura de la CDMX, el Congreso local aprobó una nueva carga tributaria que se cobrará a las empresas de entrega a domicilio de alimentos. Preocupados por dorarle la píldora a los ciudadanos con el tema de que no se trata de un nuevo impuesto y que no se cobrará a repartidores ni a consumidores, funcionarios y diputados morenistas quieren ignorar que las plataformas no van a absorber este nuevo gravamen y que lo van a trasladar en el precio al cliente. Para los repartidores se trata de un nuevo impuesto, ridículo e inconstitucional. Y el seguro social, Infonavit, horas extra y demás prestaciones para los repartidores, ¿para cuándo, diputadas y diputados? Morenistas, priístas y perredistas ya le aprendieron a sus colegas de San Lázaro en aquello del servilismo frente a la 4T, y en Donceles no le cambiaron ni una coma a las órdenes de Claudia Sheinbaum. POR ENRIQUE MUÑOZ

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