Buscadoras acusaron al gobierno de Zacatecas de usar a los colectivos de familiares de desaparecidos para simular y denunciaron que aún hay zonas del territorio estatal a las que no pueden acceder. La situación de inseguridad es crítica, advirtieron. Este sábado se realizó en la capital de Aguascalientes la segunda reunión nacional de la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas, y de la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas (RIAPD). Aunque el encuentro fue organizado por colectivos zacatecanos, representantes explicaron que la entidad no pudo ser la sede “por la situación que se está viviendo”. Elizabeth Araiza Hernández, coordinadora de Buscadoras Zacatecas, recriminó que “tenemos un gobierno omiso que nos empezó a utilizar para simular que están trabajando”. A la pregunta de que si se han identificado sitios de exterminio en el estado, la activista respondió que los colectivos han recibido información al respecto; sin embargo, las búsquedas en campo no llegan a todo el territorio. Sin especificar en qué municipios, expuso que hay puntos de búsqueda en los que las visitas fueron aplazadas desde hace un año y medio por la Mesa Estatal de Construcción de Paz. Son puntos estratégicos donde al parecer podrían encontrar personas desaparecidas, “pero no nos llevan, nos llevan a donde quieren”, reprochó Araiza Hernández. Explicó que, aunque las autoridades de seguridad insisten en que “podemos ir a todos lados”, hay sitios para los que responden: “en ese lado no podemos entrar”. “Hemos llegado a decir: ¿cómo me aseguras mi seguridad? Pues no llevándote, no dejándote entrar, ésas son las respuestas”. “NO HACEN SU TRABAJO” Elizabeth Araiza reveló que integrantes de colectivos tuvieron que pelear para que las autoridades no fotografiaran sus rostros en prácticas porque eran exhibidas en redes sociales y usadas como “pruebas” de que se realizan acciones. “Vemos muchas omisiones. Aunque tengamos la mejor comisión de búsqueda o fiscalía especializada, estamos viendo que nuestros instrumentos de trabajo están siendo utilizados para otros y no para la búsqueda de nuestros familiares”. La activista señaló que no solo en Zacatecas, sino también en otros estados, las instituciones no están enfocadas en encontrar a las personas desaparecidas. Lamentó que tienen que exigir “a periodicazos” lo que por derecho les corresponde. Reiteró que las autoridades “no hacen su trabajo” y se les tiene que enseñar “cómo buscar, cómo tratar a una víctima indirecta, porque no tienen el tacto, no saben y sufrimos revictimización”. Mencionó que su padre, José Nicanor Araiza Dávila, quien buscaba a su hijo Nicanor Araiza Hernández, fue el primer buscador de Zacatecas asesinado y es “el mismo estado el que no lo está reconociendo”. Cuando representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) preguntaron por la carpeta de investigación, les contestaron “que no era buscador, hasta esa burla llegamos, de no reconocer a personas que están en la lucha”. No obstante, Elizabeth Araiza enfatizó: “tenemos que seguir peleando, resistir a las autoridades”.  Desapariciones, “punta del iceberg” Buscadoras de diversos estados exigieron a autoridades federales y estatales seguridad para realizar búsquedas de personas y que ninguna desaparición quede impune en el país. Demandaron que se detenga este delito. Urgieron realizar reformas estructurales “porque a lo largo de las búsquedas se descubren muchas cosas. Las desapariciones solo son la punta del iceberg y sabemos que se deben a situaciones muchísimo más complejas que deben ser resueltas por todos los gobiernos”. Raymundo Sandoval, integrante del colectivo por la Paz y la Justicia de Guanajuato, llamó al gobierno de México a que las personas buscadoras “se reconozcan como defensoras de derechos humanos. “Le pedimos a la Secretaría de Gobernación (Segob) que implemente ese mecanismo de protección específico para las buscadoras”. Mientras que Viridiana Gil Carrillo, defensora de los Derechos Humanos en Materia de Personas Desaparecidas de Michoacán, señaló que es necesario generar una red de prevención “donde exijamos a las autoridades su colaboración, porque pareciera que es un desconocimiento total y jurídico el que tienen”. También consideró que las denuncias “deberían ser tomadas inmediatamente ya no en un momento formal, sino en uno informal. Porque las autoridades hablan de una institucionalidad que llevan un mes o dos hacerla”, mientras que las redes de buscadoras se activan de manera inmediata. PERFILES IDÓNEOS “Lo importante es que el gobierno ponga perfiles idóneos [en la Comisión Nacional de Búsqueda], los cuales pueden estar en el bloque de los colectivos”, aseveró Guadalupe Mendiola Acosta, de Voz y Dignidad de lo Nuestro de San Luís Potosí. Reiteró que el perfil de quienes deben atender estos problemas “no debe estar en la guerra de partidos políticos ni ver solo por sus intereses personales”, por ello pidió que las buscadoras sean tomadas en cuenta para ocupar dichos cargos. Agregó que “es necesario un análisis de contexto para poder abatir el rezago que existe en materia forense, búsqueda, identificación. En todo el registro nacional”. Guadalupe Mendiola aseveró que es necesario ser una persona con conocimiento forense, empático, profesional “porque a veces el puesto se da por compadrazgo, no es posible que pongan a una persona que sea licenciada en Ciencias de la Comunicación”. “Aquí ya no venimos a experimentar, aquí venimos con alguien que sepa y conozca el tema. Ya no estamos aquí para ver perfiles y ver personas que vengan a preguntar. Si necesitamos un perfil idóneo para que venga a buscar a nuestras familias”. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Con información de NTR ZACATECAS