Cuando un gobierno se siente arrinconado, contempla la opción de dar un golpe de Estado como su única salvación. Esas consideraciones golpistas de gobiernos desesperados se reconocen a través de varios indicadores. No es nada nuevo. El drama de América Latina está repleto de acciones de gobiernos que han recurrido a decisiones desesperadas para “salvarse”. Operar un “golpe de Estado” no es definido por un acto único y puede tomar muchas formas. Una forma que se ha observado en América Latina ha sido la transformación de un gobierno electo democráticamente en una junta cívico-militar. Esto significa que un gobierno electo por votación libre decide, por condiciones que considera imperiosas, pactar entre una o varias organizaciones políticas con sus respectivas Fuerzas Armadas la conformación de un gabinete integrado por civiles y militares, en despecho de las prácticas democráticas. En el imaginario popular, un golpe de Estado es comúnmente identificado con una asonada militar, cuando unas Fuerzas Armadas toman el poder, derrocando a un gobierno electo democráticamente, eliminando a los civiles de su mandato, y asumiendo el control total del país. Ese tipo de golpe de Estado se da cuando las Fuerzas Armadas consideran que la situación del país ha rebasado las capacidades de manejo de autoridades civiles. Un golpe de Estado “blando” se tipifica por acciones de fuerzas civiles, o un líder político fuerte, que decide declarar una situación de “Estado de Excepción” en un país, derogando los Poderes constitucionales del Estado y gobernando por decreto, sin necesariamente pedir la intervención de las Fuerzas Armadas, pero contando con su venia y acompañamiento. Las tres tipologías-golpe pactado, golpe militar o golpe blando-resumen la historia de América Latina durante los últimos doscientos años. Obviamente esa historia acompaña y va a la par de esfuerzos por construir instituciones republicanas y democráticas durante esos mismos doscientos años de historia. La tensión entre la construcción de una institucionalidad republicana y las fuerzas opuestas o en contradicción con ese esfuerzo resume la historia de nuestros pueblos. ¿Cuáles son los indicadores que insinúan la posibilidad de un golpe de Estado? Un indicador se refiere a la estabilidad o debilidad de las instituciones estatales (Poderes constitucionales, electorales, órganos autónomos) y sociales (prensa libre, sociedad civil organizada, gremios laborales o empresariales), y el acoso sistemático del poder político a estos cuando siente que su proyecto político no avanza como quisiera. Otro indicador es la estabilidad o fragilidad de la economía y de su capacidad de generar satisfactores para la población. Junto con ello, la capacidad del Estado de proveer servicios de calidad para el estímulo al producto económico. El deterioro económico pone en jaque a un gobierno. Un tercer indicador tiene que ver con los factores que pueden perturbar la paz social del país, como la pobreza, la corrupción, el cambio climático, la criminalidad y la violencia en general. También factores que generan divisiones y polarización sociales internas, como las religiones, ideologías en choque, entre otros. Un cuarto indicador refiere a la calidad de la relación que se mantiene con el entorno internacional, tanto en lo económico, en el respeto a la legalidad y el flujo de intereses que reportan esos lazos. Muchos conflictos internacionales tienden a incitar al descontento de un pueblo. Un último indicador, sin el cual todo lo anterior no se entiende, es la relación de los gobernantes con las Fuerzas Armadas, y el papel que éstos han jugado en la sociedad, por ser un poder fáctico decisivo. Especialmente si los mandos militares han emergido de las cúpulas de la sociedad o tienen un origen más de clase media, o de estamentos militares tradicionales. Además, cuáles han sido los vínculos de los militares con poderes fácticos de la sociedad (empresarios, partidos, crimen organizado, agencias de inteligencia extranjeras) para saber por dónde se inclinan éstas en momentos de crisis. Lo que nos corresponde en México es divisar hasta qué punto la crisis interna y externa del gobierno y del país pueden llevar al poder político a considerar como una opción posible la de planear y ejecutar un golpe de Estado, bajo cualquiera de estas modalidades. El gobierno actual, electo democráticamente, ataca de forma sistemática y permanente a las instituciones del Estado, aplicando la política de “austeridad republicana”, cuyo objetivo real es debilitarlas hasta hacerlas desaparecer. Aplica una política de reduccionismo del instrumento estatal, quedando solo el Ejecutivo federal y las Fuerzas Armadas. Considera que cualquier órgano del Estado o social que no esté subordinado a sus deseos es un enemigo que debe ser destruido. Prensa, organizaciones no-gubernamentales, instituciones educativas, órganos electorales, jueces, legisladores, partidos políticos, organismos laborales y empresariales: todos están en su mira y se les considera enemigos a su causa. La economía es vista como una carga al erario público que debe regularse o extinguirse. Si no son aliados de gobierno, debe aplicarles todo el rigor de la ley, y más allá, para lograr su doblegamiento, sumisión o expulsión del país, en el caso de inversión extranjera. La inversión es considerada una perversión humana que debe ser evitada. El gobierno piensa que los factores de inconformidad social pueden ser satisfechos con el reparto de dinero público. No resuelve la pobreza pero aplaca posibles protestas y compra voluntades. También se alía con el narcotráfico para que ayude a sostener la “economía popular” en zonas social y económicamente deprimidas. Ese acuerdo fatal incrementa la violencia en todo el país. Ese “pasaporte de libertad de acción” al crimen para operar a sus anchas, siempre y cuando ayuda al control de las masas empobrecidas es un bumerán contra la paz social y se ha salido del control totalmente. Su discurso de combate a la corrupción sirve para crear la idea de un gobierno empático con el sufrimiento ajeno. Pero los hechos desmienten sus dichos. Las relaciones internacionales son vistas simplemente como un instrumento de modulación de relaciones y condiciones internas. Es cierto que no se interesa por las relaciones internacionales cuando no sirven para un propósito interno. ¿Panamá? Mandémosle un compromiso político interno perversos. ¿Qué más da? Igual que a España, a la República Dominicana, a Brasil de Bolsonaro, a Francia y a Gran Bretaña. ¿Y Estados Unidos? Que vaya como embajador por un compromiso empresarial, no importa su interés u aptitud. Y la clave de todo. La declaración del gobierno de que sin el apoyo y la complicidad de las Fuerzas Armadas no podría lograr sus objetivos. El Ejecutivo considera que su gabinete civil es incompetente y no sirve para atender sus deseos y proyectos. Afirma que sólo las Fuerzas Armadas pueden cumplir esa hazaña de complacerlo a plenitud porque obedecen y cumplen, a diferencia de los civiles, que ni obedecen ni cumplen. Los civiles son factor de discordia interna, a diferencia de los militares. También el Ejecutivo ha descubierto que llenar las alforjas militares ayuda a incentivar su obediencia. Con todos estos indicadores, llega la crisis de corrupción de su hijo mayor, que promete crecer para convertirse en una crisis incluyendo a más miembros de la familia inmediata. Dado que es un problema de corrupción, le pega directamente en la línea de flotación de la narrativa del gobierno que lo justifica. Es la narrativa que hizo nacer este gobierno. Sin ella no habría ganado las elecciones. Se encara el peor momento de este gobierno. Junto con su falta de logros tangibles-más bien con un rosario de retrocesos-el hecho de perder control sobre su narrativa contra la corrupción hace tambalear, literalmente, al gobierno. Esto lo sabe el Ejecutivo. De ahí el enojo que todos han atestiguado. Decidido a no perder el control de su gobierno, y comprometido con dar continuidad a su “proyecto” con el siguiente, se empeña en buscar opciones para darse una “nueva gobernabilidad”. No debemos descartar que fabrique una crisis mayúscula para poder justificar una declaratoria de un Estado de Excepción en México, pretextando una amenaza a la seguridad nacional. Esto le permitiría suspender temporalmente los términos de la Constitución, además de la suspensión de derechos civiles y humanos. Podría entonces constituir un gobierno de “salvación nacional” basado en un cogobierno entre civiles y militares. La suspensión de derechos civiles implicaría cancelar todas las elecciones en puerta, de ahora en adelante, sin fecha de caducidad. La amenaza no es descabellada. Fujimori hizo algo parecido en Perú, y le permitió volver a apoderarse del poder político durante años, de la mano de sus militares y los sistemas de seguridad y espionaje peruanos. Es perfectamente posible un “fujimorazo” en México. De esto no nos van a salvar ni el T-MEC ni potencias extranjeras. Solamente nosotros, las y los mexicanos, encarando el futuro de frente y sin miedo.  POR RICARDO PASCOE PIERCE

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