Comienzo, queridos lectores, con una declaración: soy un demócrata convencido y creo que la democracia debe vivir en un proceso constante de mejora y de autocrítica. La democracia puede tomar muchas formas, desde los sistemas parlamentarios o los presidenciales, que parten de la elección directa o de representación proporcional de presidente y/o de legisladores, hasta algunas formulaciones arcaicas como la estadounidense, en la que el presidente es electo por vía indirecta, independientemente del voto popular. El voto universal es bastante reciente, ya que incluso algunas democracias “ejemplares” tenían barreras o impedimentos para que algunos sectores de la población votaran, como es el caso de Canadá, que solo permitió el voto de los pueblos originarios (o indígenas) hasta 1960, o EEUU que históricamente ha restringido el de los afroamericanos de distintas maneras, legales o no. La democracia no es, pues, tan simple y sencilla: la misma representación directa presenta el riesgo de la sobrerrepresentación, que restringe la voz (y el voto) de los partidos minoritarios o que extingue a aquellos que son marginales. La democracia directa también implica que las decisiones del legislativo o judicial estén dictadas por votación directa, lo cual presenta el riesgo de que las minorías se vean afectadas en sus derechos. Escribo estas líneas cuando dos grandes temas dominan la discusión pública en México: la posible sobrerrepresentación de la alianza ganadora en el Congreso y la elección de jueces y magistrados. El primer asunto lo resolverá el Tribunal Electoral federal, y debemos esperar que sepa interpretar adecuadamente la letra y el espíritu de lo plasmado en la Constitución. Pero el segundo, además de ser parte de la agenda del presidente saliente y la presidenta entrante, fue sujeto ya a una primera prueba, por así llamarla: encuestas para ver si la opinión pública está de acuerdo o no en que es necesaria una reforma judicial y en si deben o no ser electos jueces y magistrados. No soy abogado, pero escribo desde mi preocupación por los derechos de las minorías: votar por jueces o agentes de la ley conlleva el riesgo enorme de que ganen quienes planteen las propuestas más populares, no necesariamente las más justas. Un juez a favor de la pena de muerte, en contra del debido proceso a acusados de crímenes graves o en contra de derechos iguales para todos sería probablemente más popular que uno que propusiera lo contrario. Y todo el sentido de los poderes independientes tiene que ver con eso, con proteger y salvaguardar los derechos de las minorías, sin los cuales pasamos de la búsqueda de la igualdad ante la ley a la dictadura de la plaza pública, de quien grita más fuerte o propone lo más extremo. No niego la urgente necesidad de reformar a un poder judicial que no ha logrado lo elemental, que es la confianza de la población. Pero cuidado, porque no siempre lo más popular es lo más justo ni lo más correcto. POR GABRIEL GUERRA CASTELLANOS

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