El telar de las moiras de la historia mexicana es imparable. La otrora reforma judicial -ahora contenido constitucional-, empezó su vigencia. El 1 de septiembre, en todas partes del país, empezaron arribar a los tribunales las y los juzgadores de carrera electoral, y acá es donde las promesas de campaña, las buenas intenciones electorales, los airosos comerciales mediáticos, deben convertirse en soluciones prontas, justas y expeditas para ciudadanía.

Pero nuestra justicia tiene muchas facetas, capas y responsabilidades, que fueron confundidas, mezcladas y revueltas en el discurso vociferante de la reforma judicial. Se enredaron las demandas de seguridad y combate a la criminalidad con la responsabilidad de juzgar.

Y aun entre este vocablo tan extenso como es “juzgar”, la voracidad de la reforma y sus promotores la vaciaron de contenido. Mezclaron las responsabilidades del Tribunal Constitucional con las funciones de un juez penal. Olvidaron las funciones de distensión conflictual del juez civil, la certeza para los negocios de un juez mercantil, el papel reparador y equilibrador del juez laboral, y soslayaron la importancia para el tejido social de un juez familiar. Pero justo acá quiero hacer hincapié. La justicia familiar, según datos del Inegi, es la que en nuestro país abarca gran parte de la cartográfica de los juicios.

Las familias en nuestra sociedad -a decir de Mary Jo Maynes y Ann Walter-, son “[…] el elemento esencial para la construcción y la identidad cultural de un país. Las familias moldean las predisposiciones y los destinos individuales y colectivos. Las familias son agentes de transformación histórica”. Por lo que los jueces familiares son los grandes guardianes y protectores de la familia y de su impacto para el crecimiento nacional.

La justicia familiar no es de formatos, no es de medida preconstituidas, es justicia hecha a la medida de cada conflicto, de cada historia, de cada reclamo. Acá no hay cabida para promesas. Detrás de cada expediente se juegan los destinos individuales y el colectivo de nuestro país.

Pasada la algarabía -para algunos-, de las festividades electorales, recordemos que el juzgar es velar por la paz social. Acá las promesas deben ser remedios efectivos e inmediatos. Acá las promesas deben ser garantías de una justicia humana, digna y consecuente.

Las moiras seguirán hilando la historia nacional, el tiempo revelará cómo quedará este telar jurisdiccional.

POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN