Para iniciar dentro de mi columna un análisis breve de este flagelo y que ha capturado mi atención en mis últimos escritos, es importante desarrollar una observación en estudio  con un enfoque regional de la problemática de las personas desaparecidas, es importante destacar, que el 17 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que en su artículo cuarto transitorio, estableció que en un plazo de noventa días posteriores a la entrada en vigor de dicho Decreto, deberían entrar en funciones las Comisiones Locales de Búsqueda.

Sin embargo, aunque dicho marco jurídico permitió regular el funcionamiento administrativo de las Comisiones Estatales de Búsqueda de Personas de ambos estados, era necesario contar con una normatividad a nivel estatal que permitiera brindar certeza jurídica a los mecanismos y acciones gubernamentales encargadas de atender la problemática de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de San Luis Potos asi como en el Estado de Tamaulipas, por lo tanto se presenta de una forma breve un enfoque regional sobre la importancia y trascendencia de la implementación del programa nacional de personas Desaparecidas en Ambos Estados.

Para introducirse en el contexto sobre cuál es la realidad de la desaparición forzada de personas en un México no tan alejado de la actualidad, es preciso iniciar mencionando los conflictos políticos y socioeconómicos derivado de los grupos guerrilleros con fines revolucionarios, los cuales con un alto grado de violencia se enfrentaban al Estado Mexicano en los años de 1960 y 1970. Es quizá este el momento medular en el que el Estado gobernante comienza a hacer uso de la desaparición forzada, así como de la tortura, asesinatos a sangre fría, cárceles y detenciones ilegales como una forma de represión para los grupos opositores, a pesar de que un número elevado de estas víctimas nunca fueron dadas a conocer de forma pública, además de que para algunas de ellas no existiría una ficha de búsqueda o denuncia por su desaparición. Es durante esta misma época en la que surgen familiares o amigos generando un reclamo directo al Estado ante la negativa de esté de pronunciarse en una respuesta positiva sobre el paradero de sus seres queridos, aun cuando se contaba con la existencia de testimonios en los cuales las personas desaparecidas fueron vistas por última vez en alguna prisión militar.  El 9 de septiembre de 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad dio inicio a la Caravana por la Paz, partiendo ese día, desde la Ciudad de México a Cuernavaca y al estado de Guerrero. Visitando también localidades de Oaxaca y Chiapas -en la frontera con Guatemala-, la ceremonia de aniversario por la Independencia se celebró en Acteal, Chiapas, donde en 1997 fueron asesinados 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños, que rezaban por la paz. Recorrió también Tabasco, Veracruz y Puebla. y concluyo en el Zócalo de la Cd. de México el 19 de septiembre de 2011lo podemos observar en la Marcha de México por la Paz por lo cual lo hacemos una referencia en las fuentes citadas. . El marco en el que surge este movimiento social responde a la brutal violencia en la que se vio envuelto el país por la iniciativa del entonces jefe del Ejecutivo Felipe Calderón, quien llevó a cabo durante su sexenio, 2006-2012, lo que se conoció como la “Guerra contra el narcotráfico” que dejó en el país 132 mil 65 muertes violentas,por lo que fue pertinente referencia en nuestras fuentes el movimiento por las paz y referenciarlo, ya que miles de desaparecidos, desplazamientos forzados, entre otras funestas y graves consecuencias para la sociedad civil. La iniciativa de la Caravana de la Paz conformada por familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, colectivos de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de México y diversos países se unieron en el reclamo de un alto a la guerra contra las drogas, en la búsqueda y denuncia de las víctimas y por la pacificación del país. Javier Sicilia, poeta y activista se convirtió en uno de los más destacados líderes del movimiento por la paz, se unió a esta lucha después de que el 28 de marzo del 2011 el cuerpo de su hijo Juan Francisco, de 24 años, fue localizado en un vehículo junto a otras seis víctimas en Temixco, Morelos[3]. Años antes, junto con un grupo de periodistas, documentó la barbarie de la llamada guerra del narco y elaboró un libro para visibilizar y contar las historias de las víctimas de la violencia en México. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe en la audiencia "Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos en México", realizada en Washington el 27 de octubre de 2011, reportando que en cada Caravana se documentaron violaciones a los derechos humanos. De los cuales, en el 67% de los casos, las víctimas no identifican al responsable de la violación. Sin embargo, en 13% de los casos las víctimas creen que el responsable fue el Ejército y 8% señala como responsable a la policía. Las víctimas atribuyen al crimen organizado 4% de estas violaciones. En la Caravana del Sur se recibieron 221 testimonios, 52% fueron por desaparición forzada y 13.6% por homicidio por lo que esta estadística se extra del movimiento por la paz y se hace la referencia de extracción con la finalidad de observar bien el seguimiento del datos aportados. Es importante recordar cual es el marco normativo en el tema. Principal punto es la Ley General de Víctimas ya que en ella se establece el concepto de víctima directa e indirecta, su artículo 4º dice y del mimos modo hacemos referencia para aportar los datos de referencia del sitio que arroja los datos del movimiento por la paz y se hace referencia oportuna para abordar el tema de forma precisa: * Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humano, y

* Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

En la misma ley están los derechos de las víctimas que son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados internacionales de los que México sea parte y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.