La Ley de Aviación Civil, que entró en vigor el 3 de mayo pasado y que aún está en litigio en la Suprema Corte de Justicia, introdujo en su capítulo 3, el artículo 10Bis para crear la figura de “asignaciones” ANTE LA IMPOSIBILIDAD de conseguir los 10 equipos Boeing 737-800 que se habían prometido para dar inicio a las operaciones de la nueva Mexicana de Aviación, el gobierno de la 4T se llevó el primer traspié. El Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM) no tuvo más remedio que recurrir al empresario Miguel Franco, dueño de la aerolínea TAR. La arrendarán uno de sus aviones, un Embraer 145 de 50 plazas matrícula XA-VGQ bajo la figura de renta húmeda (wet lease), que significa apoyarse en un operador ya autorizado, porque ellos aún no lo están. La Ley de Aviación Civil, que entró en vigor el 3 de mayo pasado y que aún está en litigio en la Suprema Corte de Justicia, introdujo en su capítulo 3, el artículo 10Bis para crear la figura de “asignaciones”. Se equipara a la de la “concesión” de los privados, solo que aplica a las entidades paraestatales o de la Administración Pública Federal, con la que se prestarán los servicios de transporte aéreo regular. Recién se anunció que la empresa de la Secretaría de la Defensa ya recibió su título de asignación, pero aún no tiene el Certificado de Operador Aéreo (AOC), ni los registros de sus aeronaves… porque no las tienen. Y es que, en medio de las prisas en las que se ha visto envuelto el proyecto a cargo del general Sergio Montaño por la premura presidencial, no se logró llegar a un acuerdo con la empresa Petrus Aero Holdings. Esta firma, creada ex profeso para este fin por alguien cercano a la 4T, y por el ex director de Operaciones de la vieja Mexicana, Félix Sánchez, no contaba con los requisitos para arrendar aeronaves. Por ello fue necesario crearle una subsidiaria llamada SAT Aviation, también domiciliada en Estados Unidos, que tampoco ha podido mostrar su solvencia para hacerse acreedor a un arrendamiento de aeronaves.  Por esta razón las garantías que se les piden a los nuevos jugadores son más estrictas y, aunque se ha buscado el apoyo de un banco de desarrollo que avale la transacción, éste no se ha dado. En un principio se creyó que Nafinsa o Bancomext, que maneja Luis Antonio Ramírez, podía ser el soporte, pero tan no ha sido sencillo que entre al financiamiento, que ahora se evalúa al Eximbank. Y aunque Petrus lanzó convocatorias para contratar personal especializado y muchos espontáneos fueron entronizados, la verdad es que ese proyecto quedó congelado por el momento. Se barajaron otras opciones, incluso renta de Boeing 737 de distintos modelos, pero con la exigencia de hacer contratos con el GAFSACOMM a largo plazo a un precio de 350 mil dólares al mes por cada aeronave. Lanzar una aerolínea comercial no es fácil: ¿cómo vender boletos, cómo competir con otras empresas, cómo establecer acuerdos y lograr contratos con clientes? no es algo que las Fuerzas Armadas conozcan. Por lo pronto, el próximo 2 de diciembre habrá un vuelo inaugural en la nueva Mexicana sin pasajeros que paguen boleto y sin aviones, pero con una muchedumbre que lo festejará en el aeropuerto de Tulum. Una terminal que tampoco acaba de estar lista, pero que, eso sí, será acondicionada para la foto. A LA LLEGADA de la 4T al Estado de México, una de las promesas fue erradicar la corrupción y la aplicación de la ley conforme a las influencias o el poder económico. Esta premisa se pondrá a prueba observando el actuar del Poder Judicial en el nuevo gobierno de Delfina Gómez, ya que las recientes acciones de Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal del Poder Judicial en esa entidad, dejan dudas respecto al desgastante juicio de Suave y Fácil, dueña de CV Directo. En estas últimas dos semanas dos de los protagonistas de este juicio, Ramón Andreu Zermeño y María del Pilar Cruz Robayo, que fueron detenidos por la imputación de ser probables responsables del delito de extorsión agravada, fueron puestos en libertad de manera inmediata por las jueces de Control, Judith Cipriana Fuentes y Alejandra Fragoso, ambas del mismo distrito en Tlalnepantla. Vaya, quien otorga las órdenes de aprehensión es quien las desestima sin argumentos jurídicos contundentes. QUIEN ESTÁ CERCA de concretar una buena operación que lo salve, es el controvertido empresario hotelero Daniel Araf Hof. Resulta que todo apunta a que pronto cerraría la venta de su hotel de 650 llaves ubicado en la mejor zona de Cancún. El comprador es el gigante hotelero Gencom, que posee marcas como Four Seasons, St. Regis y Ritz Carlton en ciudades como Miami, Filadelfia, Chicago, y en otros países como Costa Rica y Bermuda. El fondo que asumiría la deuda que Araf tiene de unos 180 millones de dólares con Banorte, que dirige Marcos Ramírez, es Monroe Capital. El hotel ha permanecido cerrado por cuatro años. Veremos si Araf logra convencer a Gencom y a Monroe, como lo hizo en su momento con el banco de Carlos Hank González, antes de que le caigan en cascada denuncias penales por fraude y malversación de fondos en su operación de Puerto Vallarta y el propio Cancún, que ya preparan BBVA, Crédito Real y el Bancomext, principalmente. LA APARICIÓN EN Hong Kong de costales de Segalmex cargados de droga fue calificada por el titular de ese organismo, Leonel Cota, y por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como un acto de mala fe, pues presuntamente habrían sido clonados al no tener los diseños actuales. Sin embargo, los rótulos en los sacos han cambiado al menos un par de veces en los cinco años de existencia de la nueva Conasupo: en 2019 se adquirieron unos 270 millones de pesos en costales para el programa de Precios de Garantía. Y luego, según el procedimiento LA-008JBP999-P1-2022, se volvieron a comprar, en tres partidas, costales de polipropileno por otros 247 millones de pesos a la empresa Abacomex. A PESAR DE que quería y se empecinó en que fuera, al final no hubo manera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera abrirle una rendija legal para colar a su secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en la terna de aspirantes a relevar al ministro Arturo Zaldívar. Al interior de la propia Suprema Corte de Justicia ven en la lista de tres a las dos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, Verónica De Gyves y Celia Maya, y a la Consejera Jurídica, Estela Ríos. Hay otras tres mujeres que no deben descartarse: la comisionada de la Cofepris, Bertha Alcalde; la Fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, y la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos. POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE