Luego de la publicación de la ley 3 de 3 contra la violencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los partidos políticos han tenido que ser más críticos respecto a las postulaciones de diversos aspirantes considerados como deudores alimenticios o estar involucrados en una sentencia por violencia familiar o agresión sexual. La consejera electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Zelandia Bórquez señaló en entrevista para AltaVox, que “este convenio tiene la finalidad de que el Ceepac, remita información al Estado relativa a las personas que están solicitando registro a alguna candidatura”.

Por consecuencia, el Poder Judicial podrá informar si es que los aspirantes se encuentran en alguno de los supuestos que están previstos por la Constitución Federal en el artículo 38, fracción VII, en el cual se estable que los derechos políticos electorales serán suspendidos si es que se encuentran con sentencia firme en los delitos de violencia familiar, violencia doméstica, violencia política en contra de las mujeres, entre otros. La importancia de su aplicación, recae en la necesidad de poner en condiciones de igualdad la participación de las mujeres respecto a las de los hombres y poder crear espacios libres de violencia, pues en fechas recientes se ha visibilizado que la violencia política hacia este sector estaba en aumento.

Para poder llevar a cabo una mejoría, es necesario que se lleven a cabo las acciones necesarias para tratar de evitar que estas conductas se cometan y se puedan ir erradicando, pues ya se estaba perjudicando la participación por los cargos públicos. “Por una parte, tenemos la obligación de los partidos políticos de incentivar la participación de las mujeres, es decir, si hay mujeres para que participen, pero, por otro lado, requerimos atacar este tipo de conductas para que participen en espacios libres de violencia”, puntualizó.