La nueva iniciativa de Ley de Aguas que envío la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión cambiará el régimen actual de concesiones de agua en México e impedirá que se hagan transmisiones de derechos sobre el líquido entre particulares, señaló Eduardo Mestre Rodríguez, consultor en materia de agua para la ONU, el Banco Mundial y la Unión Europea. El especialista catalogó como "absurdas" las acciones de uso excesivo sobre el recurso, especialmente para una realidad como la mexicana. A esto, Mestre puntualizó que la estructura normativa del país no ofrece los elementos suficientes para saber cuánto y cómo cobrar a la gente por el líquido y eleva el debate en diferentes capas: ¿Se le debe cobrar a toda la gente por lo que se le sirve? ¿Debe haber un principio de gratuidad? ¿Quién se debe hacer responsable de cuidar la calidad del agua? ¿Qué se debe hacer como sociedad y gobiernos para lograr acuerdos y poner "orden al desorden del agua" en el país? Por consiguiente, el especialista explicó que México no tuvo una ley en esta materia sino hasta que se promulgó la Ley Federal de Aguas en los años 60. "Algo corta, aunque bien para su tiempo, pero que no tocaba los puntos centrales para un país en crecimiento y desarrollo en grande", añadió. Años más tarde, detalló, se promulgó la Ley de Aguas Nacionales en 1992 y de ahí devino una norma reglamentaria en el artículo 27 de la Constitución enfocada en la forma de repartir el líquido, pero faltaban estatutos que ofrecieran competencias sobre el derecho humano al agua y al saneamiento. No fue hasta en el sexenio de Felipe Calderón, en febrero de 2012, en que el Congreso de la Unión se convirtió en Congreso Constituyente porque hizo modificaciones a la Carta Magna, específicamente al párrafo sexto del artículo cuarto e introdujo el derecho humano al agua, una necesidad para todos los mexicanos. Además, ordenó al Congreso que se expidiera, en no más de un año, una ley exprofeso que reglamentara dicho derecho. No obstante, subrayó Eduardo Mestre, hasta octubre de 2025, en México no se ha expedido esa ley, por lo que urge una reconstrucción de fondo en todo el andamiaje jurídico y normativo en tema del agua para evitar abuso de empresas en el cobro y gestión. En este sentido, el documento que envió Sheinbaum al Congreso hace una enmienda profunda a la Ley de Aguas Nacionales y solicita que se expida la Ley General de Aguas. "Una dupla de leyes para atender el problema, que fortalecerá jurídicamente al país, pero que tendrá sus puntos cruciales a pulir", resaltó el especialista. Finalmente, destacó dos ejemplos en Latinoamérica que podrían servir de sinodal en materia hídrica. Primero, Chile: un caso de éxito que tras la época de Pinochet tuvo una ley que cambió sus estatutos a un sentido menos neoliberal y pasó de hacer del agua una mercancía a una ley más apegada a la justicia social que respondía al binomio ser humano-medio ambiente. Además, resalta que lo han hecho bien con la participación del sector privado. El segundo caso es Brasil, nación que se ha enfocado de poner más énfasis al valor del papel de una localidad, a la par de los roles que juegan las entidades y el gobierno federal.