Los libros de texto han sido una herramienta omnipresente en la práctica educativa. Su valor es incuestionable a lo largo de generaciones. Hoy, eso no está a discusión, sino el oscurantismo e imposición con que se ha llevado el proceso para su diseño. Aunque no me sorprendería que esto fuera parte del plan político para prevalecer el ambiente de división y confrontación en el país.

Como menciona Gil Antón recientemente, el riesgo de la pureza es la prisa. De acuerdo al director de materiales educativos, al grito y altanería de “Patria o muerte” nos vende un horizonte paradisiaco, idílico donde todos seremos felices y nada nos faltará. A esto se le suma la ausencia de actividad de la Dirección de Desarrollo Curricular y por supuesto, el ocultamiento de programas de estudio que básicamente describen los objetivos globales a alcanzar, el cómo llegaremos ahí y la forma de evaluar en este nuevo enfoque. Todo esto resulta en la ilegalidad y la respuesta del gobierno federal, que se autoproclama democrático y transparente, es reservar toda la información por los próximos cinco años.

En este panorama de discusión, se encuentran las opiniones divididas de los participantes en el proceso de diseño. Están quienes lo aprueban con vehemencia y en redes sociales es muy fácil notar un esquema de redacción similar para cada publicación. En tanto, quienes se atreven a comentar este proceso, nos hablan de miles de horas invertidas en trabajo de análisis y colaboración con otros profesores; de su invaluable aprendizaje y de la gran oportunidad que esto significaba para su desarrollo profesional. Pero, al paso de los meses, notaron cambios significativos en sus propuestas, dejando muchas dudas en la forma en cómo se plasmaban sus ideas. La prisa con las fechas de entregables y el porrismo de Marx Arriaga a través de audios compartidos por el “bien de la patria”. El pago fue un simple “gracias” y a algunos se les extendió una constancia agradeciendo su participación, lo que da pie a una nueva simulación para legitimar “algo” ya decidido.

Seamos claros, el debate es sano. Si lo que buscaban desde el poder eran ciudadanos críticos, no se quejen, pónganse a la altura del mismo y coloquen sobre la mesa argumentos sólidos y no se escondan ni escuden en el ámbito jurídico que, por cierto, tanto atacan.

Así, considero importante sumar algunos elementos a esta discusión como la relevancia de los libros de texto como herramientas didácticas, su carácter financiado por los contribuyentes, el debate en torno a su obligatoriedad y las implicaciones en la política pública educativa de la Nueva Escuela Mexicana. Los libros de texto han sido parte esencial de la educación en México durante décadas. Hasta hace poco, estos materiales han sido cuidadosamente diseñados y aprobados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para cumplir con los objetivos de enseñanza y aprendizaje establecidos en los planes y programas de estudio. Su estructura y contenido buscan ofrecer una guía coherente y secuencial para los docentes y los estudiantes, lo que facilita la planeación y progresión de las clases. Los libros de texto pueden ser valiosos aliados para los docentes comprometidos con su práctica, es decir, aquellos que se arriesgan a cambiar e innovan en su quehacer de manera progresiva con bases sólidas para desarrollar las temáticas y contenidos. Pero, seamos honestos, esto no ocurre en amplios sectores de profesores que están habituados al uso de los libros de texto como líneas inequívocas para trazar el aprendizaje de sus estudiantes. Ante un cambio de este calado, es imposible siquiera pensar en que se dará por decreto. Los profesores y todo este entramado conceptual metodológico necesitan tiempo, ensayo y error. Seguramente, al no contar con información relevante y actualizada, los profesores estarán en riesgo de simular un avance y regresar a prácticas ya conocidas y aceptadas como ha ocurrido antes. Es importante destacar que los libros de texto no son gratuitos. Si bien es cierto que son entregados a los estudiantes sin costo alguno en la educación básica, es importante reconocer que son financiados por los contribuyentes a través de los impuestos. Esto implica una responsabilidad compartida en cuanto a la calidad y pertinencia de los materiales educativos utilizados en las escuelas. La inversión en la elaboración, impresión y distribución de los libros de texto es significativa, y es justo que la sociedad se asegure de que se utilicen de manera adecuada y que cumplan con los estándares de calidad necesarios para contribuir a una educación de excelencia. La observancia, legalidad y pertinencia de los libros de texto son temas que deben ser objeto de una revisión constante y rigurosa. Es indispensable que se realicen procesos de evaluación y mejora continua para asegurar que los contenidos sean precisos, actualizados y adecuados para el contexto sociocultural de los estudiantes. Además, es fundamental considerar que los libros de texto no pueden ser una fuente única y exclusiva de información en el aula. La diversidad de fuentes y perspectivas enriquece el aprendizaje y favorece el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. El verdadero problema surge cuando los libros de texto se convierten en la única fuente de información permitida y se establece su uso como obligatorio en las aulas. Esto puede limitar la libertad académica de los docentes y restringir su capacidad para seleccionar otras fuentes de información que puedan complementar o enriquecer el contenido de los libros de texto. Además, si los libros de texto promueven ideologías específicas o presentan un enfoque sesgado de ciertos temas, esto puede influir en la formación de los estudiantes y limitar su visión del mundo. La educación debe promover la apertura y la diversidad de ideas, y la imposición de un único punto de vista puede contravenir este principio. Lo dicho, si alguien se aprecia puro, seguidor de una verdad incuestionable, considera toda pregunta, duda o crítica, como amenaza. Los libros de texto son herramientas didácticas valiosas que pueden facilitar la labor de los docentes y mejorar el proceso de enseñanza en la educación básica. Sin embargo, su observancia, legalidad y pertinencia deben ser una preocupación constante de la sociedad y las autoridades educativas. Es importante mantener un enfoque crítico y reflexivo sobre el uso de los libros de texto en el aula. La diversidad de fuentes y perspectivas es esencial para formar ciudadanos informados y con pensamiento crítico, capaces de enfrentar los desafíos del mundo actual. La Nueva Escuela Mexicana requiere un enfoque que promueva la libertad académica de los docentes y permita la incorporación de diversas fuentes de información en el aula. Además, es necesario fomentar una cultura de evaluación y mejora continua de los materiales educativos, asegurando que sean pertinentes y actualizados. Asimismo, se debe promover la formación docente que permita a los profesores utilizar los libros de texto como una herramienta, pero también como una guía flexible que pueda adaptarse a las necesidades y características de sus estudiantes.

El debate acerca de los libros de texto apenas representa una arista en la batalla por la libertad de la educación. Sin duda, esta discusión llega tarde y cuando todo está listo para entregarse a las escuelas. Otra vez, el gobierno federal apuesta por la imposición y la dicotomía simplista de buenos contra malos, de la pureza del presente, contra lo turbio del pasado. En fin, una gran estrategia política que terminará por enterrar el futuro de nuevas generaciones ancladas a la ignorancia, la miseria y a la paternidad del Estado a través de migajas que significa la justicia social.

Salto de página.

Recientemente en el reporte semestral financiero de la SHCP con respecto al gasto de los recursos de los contribuyentes, se observa que la SEP tiene un subejercicio de 12 mil millones de pesos. Así el engaño del gasto histórico en temas educativos. * Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP

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