¿Qué nos corresponde a nosotros, a mi como jefa de gobierno? Nos corresponde el haber contratado a esta empresa a través de la secretaría de Protección Civil, una empresa de enorme prestigio y dar a conocer públicamente todo lo que encuentra esta empresa con total y absoluta transparencia”, declaró hace meses Claudia Sheinbaum. Hablaba de la contratación de la empresa noruega DNV como encargada de realizar los peritajes “independientes” para conocer las causas y razones del colapso en un tramo elevado en la Línea 12 del Metro, el 3 de mayo de 2021. Un año después de la tragedia, que dejó 26 personas muertas y por la que no hay nadie detenido, mucho menos sentenciado, la jefa de Gobierno desconoció el prestigio de la empresa. Es más, la acusó de mentirosa y tramposa. “Iniciamos la rescisión del contrato desde hace semanas. Es un informe, este tercer informe, deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso, por esta razón es que iniciamos este procedimiento de rescisión de contrato y demanda civil contra la empresa y es parte de este uso que hacen los adversarios que no tienen ninguna moral, ninguna ética”, aseguró el miércoles pasado en conferencia de prensa. “Estamos valorando incluso un juicio penal. (La empresa) convirtió un informe técnico en algo político, ¿cómo vamos a permitir algo como eso?”, sentenció. DNV, por su parte, emitió un comunicado ese mismo día en el que asegura que la metodología seguida en el tercer informe mantuvo el mismo rigor aplicado en las primeras dos entregas. Con el clima polarizado y la tragedia cobijada por la disputa de 2024, los que descalificaron los primeros dos informes de la empresa, ahora la defienden a capa y espada, y los que aplaudían el peritaje “independiente”, ahora acusan a la empresa de mentirosa. ¿Nomás les gustan los dictámenes cuando dicen lo que les conviene? Del tercer peritaje nadie sabe más. Ni las familias de las víctimas ni los ciudadanos lo hemos visto, y difícilmente lo conoceremos. La empresa DNV, a decir del gobierno de CDMX, ya no es confiable, ni tiene prestigio, ni sus dictámenes se darán a conocer “públicamente con total y absoluta transparencia”, entre otras cosas, porque la compañía y el gobierno capitalino firmaron un contrato de confidencialidad que impide que se difundan los peritajes, pues podría haber consecuencias legales. El peritaje ya traía un retraso de cinco meses. El 16 de junio de 2021, el gobierno de la capital había previsto que dicho reporte se entregaría el 30 de septiembre de ese año. Sin embargo, la entrega fue posponiéndose debido a que la consultora argumentaba requerir más tiempo para realizar la investigación. Un año después de la tragedia, ¿estamos más lejos o más cerca de la verdad? No lo sabemos. Eso sí, sabemos que sin verdad, no habrá justicia.