La Auditoría Superior de la Federación se encargó desde 2014 de documentar todas las irregularidades en la salinera de Guerrero Negro, Baja California Sur (ESSA). A partir de entonces, cada año se perjudicaba al Estado mexicano en la producción, distribución y venta de la sal porque se dio a Mitsubishi un trato de comprador único: el total de producción se le facturaba a la japonesa, cuya empresa acordaba condiciones de venta con clientes finales, la mayoría del extranjero. La salinera no podía obtener documentos oficiales de la negociación entre cliente y distribuidor. Mitsubishi compraba en 10 dólares la tonelada aunque su precio real fuera más de 70 dólares. Podía hacerse así porque la japonesa tenía presencia en el Consejo de Administración, desde donde se llevaba a cabo la doble contabilidad conformada por nueve personas –cinco mexicanos y cuatro japoneses– debido a que la firma Mitsubishi tenía 49 por ciento de las acciones y 51 la Federación. A las reuniones, sin embargo y como una estrategia para beneficiar a la empresa japonesa, sólo asistían dos de los cinco mexicanos. Nada impedía entonces que los precios de sal se fijaran muy por debajo del precio real en el mundo. Es la única salinera en el mundo que tiene la capacidad de embarcar 180 mil toneladas en barcos Cape, pero los japoneses eran los beneficiados. ESSA dejó así de percibir unos cinco mil millones de pesos ese año y se repitió año con año, beneficiando a Mitsubishi, que comercializaba de manera exclusiva aproximadamente ocho millones de toneladas de sal al precio real. El sindicato de la empresa, unos 300 trabajadores, hicieron la denuncia desde 2013, pero ninguna autoridad los tomó en serio. Así se trabajó aún en este gobierno. Conocí las entrañas del esquema interno y como columnista entonces del periódico El Financiero publiqué en abril de 2015 tres partes de una serie titulada El Saqueo del Siglo, donde además de toda esta historia relaté cómo simulaba la salinera vender toneladas de sal supuestamente en calidad de desechos o residuos del mineral a Mitsubishi, casi pagábamos por hacernos el favor de llevarse los supuestos residuos.   Los textos derivaron en una serie de presiones por su divulgación. Además, en su papel de revendedor, la japonesa no corrió nunca ningún riesgo. ESSA es la instancia que asumía los costos de cualquier daño a la mercancía en el trayecto marítimo de entrega al cliente y en caso de que éste no se llevara, por cualquier razón el producto solicitado, ESSA debía almacenarlo sin consecuencia para el distribuidor. En el gobierno de Peña Nieto, el entonces secretario de Economía Ildefonso Guajardo, quien hoy está en el equipo de Xóchitl Gálvez, estuvo detrás del control administrativo y muchos de los funcionarios que puso en puestos clave seguían trabajando para él. En este sexenio Tatiana Clouthier no pudo con la nacionalización o compra de las acciones a Mitsubishi, incluso Guajardo se reunió con ella para tratar el asunto, y a Raquel Buenrostro también intentaron doblegarla, incluso dejando tiradas miles de toneladas de producción, pero finalmente se impuso y lograron pagarle a los japoneses mil 500 millones de pesos para dejarlo todo en manos del estado. UPPERCUT: México ya tiene 100% el control de la salinera, pero si no se sabe administrar y si no se cambia la chatarra que se tiene por maquinaría va a tronar. POR ALEJANDRO SÁNCHEZ