Un sentimiento de decepción al interior del Poder Judicial a raíz de lo sucedido en la Corte el martes pasado -día en que se llevó la sesión en torno al proyecto del ministro Alcántara Carrancá-, sesión que buscaba ‘tumbar’ una reforma que pone en riesgo la independencia y la autonomía de los árbitros y sus decisiones, que son mayoritarias, hay que saberlas entender y aceptar, aunque también cuestionarlas y aprender de ellas, así lo señaló José de Jesús Rosales Silva, juez tercero de distrito en San Luis Potosí.

En este sentido, explicó que desde 1917 hay cláusulas que evidenciaban la necesidad del constituyente permanente de generar un equilibrio de poderes, de pesos y contrapesos, y esta reforma riñe con tratados internacionales y vulnera la estabilidad constitucional.

“No es que la Corte quiera ser un poder supremo, nada más falso; desde Zedillo está prevista la acción de inconstitucionalidad, pero en la votación el ministro Pérez Dayán decidió apartarse porque a su juicio consideraba que su facultad como ministro no le permitía revisar ese tipo de cuestiones”, detalló Rosales. Así, con los tres votos de las ministras afines al oficialismo no se logró la mayoría para ir al fondo del proyecto y analizarlo.

En consecuencia, a la interrogante de qué sigue para México y si existe otra vía para discutir a fondo la reforma al Poder Judicial, José de Jesús Rosales puntualizó que la Constitución abarca una serie de mecanismos de protección a la misma Carta Magna: el juicio de amparo y la revisión de actos que vulneren la autonomía del Poder Judicial. Por lo anterior, falta aún que la Corte resuelva una petición que se le hizo sobre la invasión a las esferas de su autonomía, así como la pluralidad de trabajadores del PJ y sociedad civil para promover juicios de amparo; esos son los caminos que restan en primera instancia, dijo.

No obstante, un impedimento es la Supremacía Constitucional que busca eliminar los juicios de amparo; aunado a ello, el ministro Aguilar termina su mandato en noviembre por lo que la numeración cambiaría en el caso de las acciones que se pudieran presentar todavía a la Corte.

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Finalmente, Rosales concluyó que todo parece indicar que se acudirá a la CIDH, un sistema al que México pertenece, son hermanos en Derecho y es una Corte que sí ha emitido condenas.