LA MINISTRA PRESIDENTA de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pudo rehuir ayer, en la sesión privada del Pleno, su responsabilidad ante la situación que vive el Poder Judicial; quiso escabullirse, pero no lo logró. Eso es responsabilidad del Consejo de la Judicatura, expresó en una sesión en la que solo hablaron las ministras Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat y los ministros Javier Laynez y Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena. Mientras más de 55 mil empleados del Poder Judicial suspendieron labores indefinidamente y los diputados de Morena y aliados presentaron su dictamen de Reforma Judicial, Norma Piña prefiere voltear para otro lado. Ayer llegó al extremo de asegurar que se había enterado por la mañana que en la víspera los trabajadores del aparato judicial, incluidos los mil 650 jueces y magistrados, se habían declarado en rebeldía. Esquivel Mossa y Gutiérrez Ortiz-Mena le exigieron articular una estrategia para distensar los ánimos del cuerpo judicial que no afecte a más de un millón de justiciables y más de 500 mil expedientes. Incluso Ríos-Farjat, integrante del bloque anti 4T, llamó a que la Corte disponga de sus propias observaciones sobre el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, lo que, increíblemente y a estas alturas, no tienen. Piña ni las tiene ni busca la interlocución con diputados ni con el gobierno federal; lo más que informó ayer fue que el día de la entrega de la constancia a Claudia Sheinbaum cruzó unas palabras con Luisa María Alcalde. Les anunció a sus pares que se estaba poniendo de acuerdo con la secretaria de Gobernación para una próxima reunión, a la que sería conveniente que asistieran todos los ministros. Sí, los mismos ministros que están viendo cómo se hunde la Corte y, de paso, la actividad del Poder Judicial, y no se inmutan porque no están dispuestos a dar un paso al frente si no les dan algo a cambio. Son los casos de los ministros Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo, que de no ser por esta Reforma Judicial, les restarían dos años cuatro meses y un año y seis meses, respectivamente. En medio de la bomba de tiempo en que se ha convertido la Suprema Corte, la pregunta ya no es si Norma Piña se va después del 30 de septiembre, sino qué día, mucho antes de que Claudia Sheinbaum tome posesión. Para relevarla se requiere el voto de seis ministros que hoy no se tienen. Los que están dispuestos a darlo son solo Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez, Loretta Ortiz y Luis María Aguilar. Los dos primeros buscan la Presidencia interina con la finalidad de despresurizar la relación con Palacio Nacional que permita introducir sus cambios al dictamen presentado el jueves, vía algunas reservas. Pero se necesitan dos ministros más, que pudieran ser Lenia Batres, empeñada en presionar más que en distensar, y Juan Luis Gutiérrez Alcántara Carrancá, que no ha dicho esta boca es mía. ATENCIÓN HOY PORQUE a partir de este martes Tangelo está en quiebra. Se le agotaron los tiempos procesales para lograr la reestructura financiera de unos 400 millones de dólares. El Juzgado Segundo especializado en Concursos Mercantiles, a cargo de Ruth Haggi Huerta, tiene que hacer la declaración. Lo interesante es que a la par David Martínez, el avezado financiero regiomontano especializado en comprar empresas quebradas, está tratando de quedarse con este negocio. Propuso a los tenedores de 800 millones de pesos de Certificados Bursátiles comprarles su deuda a cambio de que voten su plan de reestructura, cosa que hicieron el jueves pasado. Y está solicitando lo mismo a los bancos. Solo los fondos Doubleline y Moneda no aceptaron. La autoridad debería estar atenta con los convenios particulares que Martínez está dando a los acreedores, accionistas y Consejo de Administración de esta arrendadora financiera. No se descartan acciones legales, incluidos los auditores. FINALMENTE EL JUZGADO Primero de Distrito emitió la semana pasada sentencia aprobatoria del convenio concursal del Ingenio de Puga. La noticia es muy buena para Nayarit, pues no sólo preserva unos 790 empleos, sino que asegura el sustento de unos 4 mil 300 productores de caña de la región. La resolución de la juez Olga Borja respalda la reestructuración de 4 mil 333 millones de pesos, asegurando la operación y el cumplimiento de los derechos de los acreedores. Puga, la principal empresa agroalimentaria del estado que gobierna Miguel Ángel Navarro, enfrentó una grave crisis financiera. Altor, de Fernando Aportela, con el apoyo del conciliador del Ifecom, Marco Campos, y la asesoría legal del bufete de Alonso Rivera Gaxiola, lograron negociar un acuerdo que aprobaron la mayoría de los prestamistas. Con ello se saca a flote la empresa y se le reposiciona para un futuro de estabilidad y crecimiento. TAL CUAL LE adelantamos desde el 15 de julio pasado, se confirmó la información de entonces: Juan Pablo de Botton fue presentado ayer oficialmente por Clara Brugada como su secretario de Administración y Finanzas. Con este movimiento queda prácticamente libre el camino a Bertha Gómez Castro como subsecretaria de Egresos de la secretaría de Hacienda en el gobierno de Claudia Sheinbaum. El subsecretario del ramo, posición que actualmente ocupa Gabriel Yorio, pasaría a Alejandro Olivo, quien el mes pasado dejó la dirección de Moody's Investor Services. A él lo destapamos aquí una semana antes que a De Botton, el 8 de julio. Su renuncia a Moody's haría prácticamente un hecho el amarre del secretario Rogelio Ramírez de la O. Y A CITLALLI Hernández no se le hizo ser la secretaria de Gobierno de Clara Brugada, posición que terminó siendo para César Cravioto. Pero la Presidenta electa Claudia Sheinbaum le dio otro premio a la secretaria general del partido Morena que nadie traía en el radar: una nueva secretaría, la Secretaría de las Mujeres. Tanto Sheinbaum como Brugada están reivindicando a las mujeres con gabinetes paritarios. En ese tenor no pierda de vista a Bertha Alcalde. Intentó ser ministra, pero al final, y cómo está siendo el derrotero de la SCJN, mejor que no llegó, dicen sus allegados. Y es que la todavía directora del ISSSTE, posición que será tomada por Martí Batres, terminaría siendo la Fiscal de la CDMX, en lugar del controvertido Ulises Lara. Al tiempo. CARMEN URÍAS DEJÓ la Unidad de Transparencia y Vinculación del Instituto Nacional Electoral (INE) para tomar la Coordinación de Comunicación de ese organismo que preside Guadalupe Taddei. Su llegada responde a la urgencia de fortalecer la gobernabilidad interna, debido a los retos que enfrentará el instituto con la Reforma Judicial. POR DARÍO CELIS ESTRADA      

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