La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico entregó al Congreso de la Unión el documento de criterios generales de política económica para el 2025. En ellos, se desglosan algunas de las previsiones más importantes que el gobierno contempla para efectos de la actividad económica en el próximo año, mismos que tienen impactos importantes en la previsión del presupuesto posible para el próximo año.

Algunos de los aspectos más destacables de estos criterios son, que se contempla un crecimiento del Producto Interno Bruto menor al que se estima para el cierre de este año, para quedar entre 2 y 3% en el 2025, estimándose en 2024 un crecimiento entre 2.5 y 3.5%. También se prevé un escenario de inflación que se acerca más al objetivo del Banco de México, con una estimación del 3.3%, que, sin embargo, no contempla los potenciales efectos acumulados de varios años consecutivos de crecimiento de los salarios mínimos por encima de la inflación y que, sobre todo, en los últimos años ya alcanzan a impactar los niveles inferiores de los salarios reales de la economía real. Otro dato importante que señalan dichos criterios, es la estimación de una caída del precio del barril de petróleo, lo que implicaría ingresos petroleros menores en 13.5% respecto de la estimación de este año, el cual ya presenta un deterioro considerable por la caída de la producción petrolera del país.

De acuerdo con el documento, la estimación prevista del crecimiento económico para el próximo año es inercial y no contempla el potencial efecto favorable complementario de la tendencia de nearshoring o de otras medidas de política económica en el país.

A partir de estas variables económicas, la Secretaría de Hacienda prevé que, para poder reducir el déficit público del 5% previsto para este año (como proporción del producto interno bruto), al 2.5% para el 2025, es necesario un recorte al gasto neto el próximo año, de 8.8% en términos reales.

Si se considera que una enorme proporción del gasto público se refiere a gastos ya comprometidos, como el servicio de la deuda y pago de pensiones; la proporción que esa reducción representaría del gasto efectivamente asignable podría llegar a una quinta parte de este.

Ello representa un enorme reto para la próxima administración, que verá limitado su margen de maniobra, tanto para enfrentar compromisos urgentes iniciales, como para atender nuevos programas.

De ahí coma la importancia de que, con independencia de quién resulte ganador en el proceso electoral y de la composición final del congreso, se busque el establecimiento de mecanismos que permitan, de manera eficiente, trasparente y adecuada, la participación privada en las inversiones fundamentales que el país requiere, particularmente en materia de infraestructura, con énfasis en los temas energéticos y de agua, que a su vez son absolutamente indispensables para dar viabilidad al crecimiento futuro y contribuir así a mejorar las condiciones potenciales de desarrollo del país, no solo en las regiones tradicionales de crecimiento del centro y norte del país.

Sin ello, con márgenes limitades de endeudamiento público, será sumamente difícil asegurar condiciones de crecimiento y de aprovechamiento de oportunidades, así como para enfrentar los riesgos hoy inciertos que el futuro nos depare.

El autor es politólogo, mercadólogo, financiero, especialista en economía conductual y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. CEO de Fibra Educa y Presidente del Consejo para el Fomento del Ahorro Educativo de Mexicana de Becas. [email protected] – síguelo en Twitter @martinezsolares