El Banco Interamericano de Desarrollo reconoce que el sector de vivienda en América Latina y el Caribe tiene un gran rezago, pero también es una gran oportunidad de crecimiento económico.

La industria de la construcción activa otras 78 ramas de la economía, en las ciudades de América Latina, genera en promedio 20% del empleo y 15% del Producto Interno Bruto; sin embargo, como la mayoría de las actividades económicas ha sido afectada drásticamente por la crisis económica, humanitaria y de salud que desató el COVI19, adicionalmente, existe un sin número de elementos que, en materia de normatividad y administración urbana, restringen su desarrollo.

De acuerdo con el BID, la vivienda es uno de los principales componentes para lograr un desarrollo urbano sostenible. La vivienda en condiciones de calidad, asequibilidad y disponibilidad beneficia muchos indicadores que mejoran la prosperidad urbana. En la visión 2025 del BID, el fomento del sector vivienda se presenta como una oportunidad, pero también, es un importante reto por superar. Existen al menos cinco lineras de acción:

1.     Ofrecer suelo para vivienda asequible y accesible

2.     Mantener actualizados los registros públicos de la propiedad y modernizar el catastro

3.     Otorgar licencias y permisos de construcción y remodelación rápidos y económicos

4.     Financiar el mejoramiento, ampliación y remodelación de vivienda nueva y en renta

5.     Realizar una rápida escrituración y resolver los conflictos de propiedad.

Desde hace poco más de tres décadas, nuestra zona metropolitana se identifica como una ciudad con vivienda cara, el costo por metro cuadrado en algunas partes de la ciudad son equivalentes al costo por metro cuadrado en la Delegación de Coyoacán, en la Ciudad de México. San Pedro Garza García en Nuevo León, es uno de los municipios más ricos por la concentración de población de altos ingresos, ahí el costo promedio por vivienda es de 18 millones de pesos, que podría ser equivalente a una zona residencial de nuestra ciudad.

En la mayoría de los segmentos el precio de una vivienda es superior a los 2.5 millones de pesos y desde hace años no se ofrece vivienda de menos de 500 mil pesos. Los segmentos de población y los tipos de productos para ofrecer están cambiando rápidamente como resultado de la transición demográfica, de los ajustes en el poder adquisitivo, pero sobre todo de procesos sociales de cambio; existe una gran demanda de jóvenes por rentar departamento, viviendas sin estacionamiento o con lugares especiales para mascotas.

Si bien no se puede disminuir el precio de la vivienda de la noche a la mañana, es necesario que, el próximo año, se alineen los astros y que, a través de una sincronía de acciones entre el gobierno y la iniciativa privada se atiendan tres frentes:

1.     En el suelo, se requiere de una institución pública que, a nivel metropolitano, se encargue de la gestión del suelo. Por un lado, junto con la Procuraduría Urbana se logre la certidumbre legal y, por otro lado, apoye la generación de subastas de suelo desde los municipios. Se trata de que, las superficies de suelo que los municipios tienen en patrimonio y que no son utilizadas, que constituyen el suelo vacante, puedan colocarse en el mercado de suelo, a precios preferentes y con destinos de utilidad social, desarrollar vivienda de bajo costo.

2.     El mercado, contar con una plataforma digital que contabilice, compare y permita la consulta de las viviendas que libera el municipio, las casas que construye la iniciativa privada, la disponibilidad del Instituto de Vivienda del estado, o la promoción y financiamiento del INFONAVIT.

Esta plataforma puede también difundir el avance de las obras de infraestructura del gobierno, con la finalidad de que se conozcan las zonas de crecimiento, de mejora en la provisión de servicios, dónde aumenta la plusvalía o simplemente donde se está comprando más vivienda. Este puede ser un tema adoptado por del Instituto de Vivienda del Estado o el INFONAVIT (un avance es el registro único de vivienda).

Tanto el municipio como la iniciativa privada deberán acordar ajustes en las normas para crear nuevos productos como viviendas sin estacionamiento, o de un solo cuarto.

3.     Financiamiento, ampliar los mecanismos tradicionales del gobierno federal y acercarlos a personas que actualmente no tienen acceso. Establecer esquemas financieros como la captura de plusvalías o la subvención para grupos especiales, por ejemplo, desde las empresas a sus trabajadores, o para los trabajadores de bajos ingresos en el gobierno. Los ayuntamientos apoyan con la disminución de los costos de las licencias, la liberación de suelo, el estado en la construcción de infraestructura y el gobierno federal aumentando el monto para créditos. A través del INFONAVIT por ejemplo ya se cuenta con nuevos instrumentos como el Crediterreno.

Si bien es un reto complejo, la sincronía de acciones puede poner un “granito de arena” para influir en el comportamiento del precio, para estabilizarlo primero y después para disminuirlo. El BID por ejemplo, tiene una línea de financiamiento para mercados de vivienda y desarrollo urbano que beneficia a las ciudades de Latinoamérica y el Caribe.

El suelo se ha convertido en el recurso estratégico, por ello se debe de aprovechar en generar vivienda económica, éste es tal vez, el desafío de nuestra ciudad para esta década.