Este lunes se presentó la primera solicitud de juicio de amparo por parte de Manuel Nava Calvillo en contra de la realización del plebiscito para consultar a los habitantes del municipio de San Luis Potosí sobre la municipalización de la Delegación de Villa de Pozos por diversas irregularidades en su organización, entre las que destaca la falta del presupuesto que el propio Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana consideró mínimo indispensable para su realización.  La promoción del juicio de amparo tiene como antecedente la petición formal al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de suspender la realización del plebiscito por no contar con el presupuesto de 55 millones 844 mil 3.23 pesos que ese organismo estimó necesarios para poder garantizar la participación a los más de 600 mil electores registrados en el municipio de San Luis Potosí.  El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana respondió que el plebiscito se realizará con un presupuesto de 20 millones de pesos, que le fue impuesto por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a pesar de que en un comunicado al Congreso del Estado –ante tal recorte presupuestal– el organismo electoral informó que sólo podrían realizarlo con un ajuste a un mínimo de 23 millones 901 mil 624.31 pesos, en respuesta al comunicado con el que el Legislativo le informó que sólo se contarían con 20 millones de pesos.  “Una vez recibido el oficio de referencia en el que se plantea una reducción del 64.19% al presupuesto inicialmente planteado, este Consejo se avocó a analizar de inmediato dicha propuesta, concluyendo que las actividades planteadas inicialmente resultan imposibles de ejecutarse con un tope presupuestario de $20,000,000.00 (veinte millones de pesos)”, advirtió en el oficio CEEPAC/PRE/847/2023 del pasado 13 de julio, en el que más adelante insiste en que contar con un presupuesto menor al de su contrapropuesta por 23 millones 901 mil 624.31 pesos “es preciso señalar que en caso de que este ajuste sea sujeto a un segundo recorte, puede constituir un riesgo para llevar a cabo con eficiencia y certeza las actividades necesarias y pertinentes para la celebración del mecanismo de participación y la actividad de la compulsa de credenciales solicitadas por ese Honorable Congreso”.  La solicitud de juicio de amparo hace hincapié en que las condiciones en las que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ha aceptado realizar el plebiscito compromete seriamente el principio de certeza al que está obligado en su actuar, además de otras inconsistencias en el proceso de organización de la consulta, que ponen en duda la independencia de actuación de ese organismo autónomo.